De acuerdo con la SSP, la PIBA está integrada por 572 elementos, aunque su titular, Gilberto Toledano Sánchez, asegura que son cerca de mil 200 elementos.

Los principales beneficiarios de este servicio de seguridad son comercios, bancos, plazas comerciales, dependencias federales y estatales, organismos descentralizados y algunos empresarios que requieren de custodia personal.

A través de una solicitud de información recientemente contestada por la vía de un recurso de revisión resuelto por el pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, La Unión de Morelos obtuvo datos sobre los ingresos del gobierno del estado por la prestación del servicio de seguridad a través de la PIBA.

De acuerdo con la Secretaría de Planeación y Finanzas, por los servicios prestados por la PIBA a 72 “clientes” el gobierno del estado obtuvo 53 millones 913 mil 421 pesos; en el 2008, el número de clientes subió a 125 y los ingresos a 58 millones 047 mil 936 mil pesos; en el 2009, el número de demandantes del servicio se incrementó a 144 y los ingresos a 62 millones 27 mil 514 pesos; y en el 2010, el número de usuarios descendió a 119 pero los ingresos fueron superiores a los 64 millones de pesos.

Aunque no se detalló el número de usuarios beneficiarios del servicio de la Policía Industrial Bancaria, la Secretaría de Planeación y Finanzas informó que de enero a mayo de 2011 los ingresos ascendieron a casi 13 millones de pesos.

Esto significa que en suma del 2007 a mayo de 2011 el gobierno estatal tuvo ingresos por más de 251 millones de pesos.

El pasado 23 de junio, el titular de la SSP declaró a los medios de comunicación que aún se analizaba la posible extinción de la Policía Industrial Bancaria (PIBA) por su poca rentabilidad y por recomendación de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ya estamos por finiquitar los estudios. Tenemos un próxima reunión con Sedena para determinar si continúa como PIBA pero lo más probable es que no. No es redituable la PIBA, que siga funcionando. Lo más sano es que desaparezca”, afirmó hace dos meses y precisó entonces que el 30 de agosto vencía el plazo para definir el destino de esta corporación.

A la SSP y la Secretaría de Finanzas se les ha requerido información sobre cuál ha sido el costo de operación de la PIBA en los últimos años pero hasta el momento no hay respuesta.

Asimismo, hasta ahora no se ha informado sobre los avances de la posible reestructuración o extinción de la PIBA, que implicaría la reubicación, jubilación y, en su caso, liquidación de sus elementos.

Desde el mes de febrero, la Secretaría de la Defensa Nacional vía oficio notificó a la SSP que era ilegal prestar el servicio de seguridad privada con armas destinadas exclusivamente para la seguridad pública. Desde ese momento, se planteó la extinción o, en el mejor de los casos, la reestructuración de esta corporación.