“Queremos que el presidente municipal Nereo Bandera Zavaleta cumpla y haga cumplir la constitución, que todos tenemos derecho al libre tránsito y a la libertad de asociación en el país. Que el municipio asuma el control de la caseta y las plumas y nos cobre una cuota, que pudieran ser 700 o mil pesos anuales junto con el predial para acabar con estos problemas, no sólo aquí sino en todos los fraccionamientos del municipio donde hay estos problemas de cacicazgos, que ya se hizo una cosa común”, aseveró uno de los colonos, Agustín Ponciano García García.

Comentó que Martínez Ibarra impuso una cuota de 4 mil 900 pesos anuales por servicios de apertura de plumas, asistencia por parte de supuesto personal de seguridad privada de la asociación, alumbrado público, jardinería, recolección de basura, gestorías ante el Ayuntamiento y el Sistema de Agua Potable, entre otros, y a través de un volante les solicitó el respectivo pago.

Asimismo, refirió que son amenazados por dicha persona, pues el volante también refiere que “adicionalmente le informamos que tenemos que cumplir el acuerdo de la Asamblea Ordinaria de Noviembre del 2010 (la cual dijo desconocer), que mejor era suspender los servicios a todos los vecinos que no estén al corriente en sus cuotas”.

García García manifestó que son servicios públicos, como el agua y la luz, que de ninguna manera pueden ser suspendidos. Sin embargo, es una problemática a la que actualmente se enfrentan.

“Para quienes no han pagado, no se les levanta la pluma de entrada o salida del fraccionamiento, el personal que está en esos lugares (casetas) insulta a la gente y nadie hace nada”, mencionó.

“No hay personal de seguridad. Es terrible vivir en esa situación y que la autoridad permita estos cacicazgos, son auténticos cacicazgos porque se convierten en dueños de un fraccionamiento”, continuó diciendo el habitante de Las Brisas de Cuernavaca.

Por otro lado, indicó que la asociación de colonos de Las Brisas S.E.L.A.U.S A.C no los invita a sus asambleas y los informes que rinde son cifras “alegres”, por lo que se tiene que realizar una auditoría a la mesa directiva.

Y es que refirió que tan sólo este año por la cuota de 4 mil 900 pesos aplicada a cada una de las mil 200 personas que tienen una casa o un predio en ese fraccionamiento, se juntará una cantidad de 5 millones 880 mil pesos y desconocen el uso que se le dará, pues no tienen los servicios que la asociación dice proveerles y supuestamente los integrantes de la agrupación tampoco cobran un salario.

Por su parte Laura Aguirre de Centeno, también residente del fraccionamiento Las Brisas de Cuernavaca, declaró que en el 2000 Josefina Martínez Ibarra entró en funciones como presidenta de la entonces Asociación de Colonos, Vecinos y Residentes del Fraccionamiento Las Brisas, pero fue destituida en el 2007 porque dio aprobación para que ahí se construyera el desarrollo habitacional Los Arrayanes, que consta de 21 departamentos.

“Ese año se detectó que vendió el uso de suelo para que se construyeran unos edificios y entonces se le destituyó, pero buscó la forma de seguir dentro y constituyó la asociación CELAUS, que operó a la par con la Asociación Independiente de Colonos Residentes y Vecinos de Las Brisas Temixco A.C., encabezada por Luis Raúl Gutiérrez Brito. Y fue el 14 de julio del 2010 cuando Gutiérrez Brito decidió dejar el cargo, pues se dieron dos agresiones físicas por parte de un integrante de la asociación que preside Martínez Ibarra (el segundo vocal del comité de vigilancia, Arturo Meijueiro Morosini) en contra la señora Angelina Aguirrezabal Cortés. En la primera ocasión la aventó por unas escaleras en una de las casetas y en la segunda la golpeó con un bastón para carro en la boca mientras ella estaba dentro de su vehículo, y de ello existe una denuncia penal”, expresó.

Finalmente, Alejandra Gómez de Marrufo, otra vecina del lugar, señaló que el gobierno del estado ejecutó a través de la Comisión Estatal de Agua y Medio Ambiente (CEAMA) una obra de rehabilitación de la red hidráulica en el fraccionamiento Las Brisas de Cuernavaca, la cual estaba inscrita en el programa federal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) 2010 y era gratuita. Sin embargo, con posterioridad Martínez Ibarra comenzó a cobrar a los colonos la cantidad de 120 pesos, por lo que pidió su destitución.