Lanzan campaña para recabar firmas y enviar una carta al Senado de la República.

La Academia de Ciencias de Morelos (Acmor) lanzó una campaña para recabar firmas y enviar una carta al Senado de la República con el fin de que no se apruebe la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI). Aunque el punto ya fue votado.

A través de diversas plataformas digitales, la Acmor -que agrupa a un gran número de investigadores, con gran prestigio nacional e internacional- lanzó la convocatoria a la comunidad científica a sumarse a la firma de un documento, con el fin de hacer mayor presión y presencia social para que la voz de los científicos y de la academia sea escuchada.

El presidente de la Academia, Fidel Alejandro Sánchez Flores -quien lanzó esta petición- explicó que el 29 de abril del presente año se aprobó la iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación (HCTI).

“Esta iniciativa turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado se llevó a cabo con una serie de irregularidades, de manera similar a la aprobación de la semana pasada, por las comisiones de Educación y Ciencia y Tecnología de la cámara de Diputados. En esta ocasión, la Comisión de Ciencia y Tecnología aprobó por firmas el dictamen de la Ley de Ciencia, con 58 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones, por lo que se turnará la iniciativa de Ley de HCTI al poder ejecutivo para su aprobación”.

Aseveró que “el proceso completo, desde las comisiones en la cámara de Diputados hasta la sesión del pleno del Senado, en las cuales se ha aprobado la iniciativa de ley, ha estado plagado de irregularidades. A pesar de los incontables esfuerzos, sugerencias y críticas constructivas por parte de la comunidad científica a lo largo de cuatro años, la iniciativa de Ley de HCTI solo contiene algunos de los cambios sugeridos en los parlamentos inconclusos y sigue conteniendo fallas y errores que generarán incertidumbre legal y ponen en riesgo el presente y futuro de la ciencia en el país”.

En la carta,  que ya ha sido firmada por muchos científicos, se expone que Ley además de no considerar a voz de la comunidad, presenta características que, en el caso de ser aceptada, tendrán consecuencias y afectaciones al quehacer científico.

Entre esas afectaciones se enlistas las siguientes:

“Disminución y disparidad de la representatividad académica: En el Consejo Directivo se excluyen representantes de universidades como la UNAM, el IPN, la UAM, Universidades Autónomas Estatales, Asociaciones y Academias Científicas, Centros Públicos de Investigación (CPI), representantes entidades federativas y del sector empresarial, pero aumenta la de los funcionarios, específicamente los representantes del Ejército y la Marina. Habría solo 8 representantes de los diferentes sectores con voz y voto, contra 14 representantes del gobierno.

Agenda de HCTI dictada el CONAHCyT: Esto limita la libertad de cátedra y a la ciencia básica, al canalizar recursos, becas y demás apoyos a solo aquellos temas considerados como parte de los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES). Además, la ley obliga a las universidades a realizar ciencia básica y de frontera, pero sin claridad en la ley ni garantizando que la autonomía universitaria será respetada.

Conflictos laborales: Para los trabajadores de los CPI y los Investigadores por México (antes Cátedras CONACyT) no se incluye en la nueva ley el procedimiento para una sustitución patronal ni las consecuencias jurídicas que trae para el nuevo patrón (CONAHCyT). Además, con la abrogación del CONACyT, no habría un responsable solidario como lo dicta la Ley Federal del Trabajo.

Conflictos contractuales: Los convenios vigentes firmados por el CONACyT y cualquier institución se verán afectados al abrogarlo y derogar sus reglamentos y ley orgánica, generando una incertidumbre legal y el atraso para la asignación o gasto de recursos ya asignados.

Invasión a los derechos de propiedad intelectual: Se obliga la sesión de derechos de propiedad intelectual al CONAHCyT y los derechos de explotación, dejando a las instituciones e investigadores responsables de los trabajos e invenciones sin derecho a generar recursos. 

Eliminación de políticas para el desarrollo de las HCTI: Se elimina la meta del 1% del PIB y solo se menciona que los recursos asignados no podrán ser menores a los del año anterior, con lo que no hay obligación de un aumento basado realmente en las necesidades para HCTI. En el caso de la formación de recursos humanos de alta calidad, se elimina el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, además de asignar directamente becas a estudiantes sin un sistema que verifique la calidad y pertinencia del posgrado, alineándolo a los PRONACES. Además, se discrimina a investigadores y estudiantes en instituciones privadas al no aportar recursos para ellos.

Terminología sin contexto legal: En la ley se hacen uso de términos que no tienen ningún efecto o contexto legal, pero que se incluyen dentro de las obligaciones descritas en la ley. Términos como “rigor epistemológico”, “pluralidad y equidad epistémicas” o “diálogo de saberes”, no son marcos de referencia para cumplir con una obligación descrita por una ley. 

Futuro incierto para las nuevas generaciones de científicos: En la nueva ley, no se contemplan los mecanismos por los cuales se generarían nuevos CPI, plazas de investigadores o cátedras para integrar a los estudiantes que han egresado y egresaran de los posgrados en el país.

Invasión a las competencias estatales, municipales y demarcaciones: La ley no contempla ni otorga facultades a las instancias locales para la designación de recursos, organización, fomento u apoyo a las actividades de HCTI en los diferentes niveles de gobierno de la Federación, aunado a la falta de representación de los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología de las 32 entidades federativas” añade el documento.