Los penalistas sostuvieron reuniones con el diputado priísta y presidente de la Comisión de la Legislación y Puntos Constitucionales, Javier Mújica Díaz, para analizar el tema, y acordaron con el legislador elaborar conjuntamente la propuesta de reforma al sistema de justicia para adolescentes para que sea consensuada con el resto de los integrantes del Congreso y sea sometida a la aprobación del Pleno Legislativo en el mes de febrero.

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Uriel Guadarrama Carreño, expresó que la propuesta versará sobre tres temas fundamentales y el principal será la posibilidad de duplicar las sanciones máximas en “casos de excepción”, es decir, cuando los adolescentes entre 14 años y menos de 18 años de edad hayan incurrido en conductas antisociales o delitos agravados.

Expresó que el caso de Edgar “N”, alías “El Ponchis” y quien se le atribuye la participación en varios homicidios de integrantes de bandas criminales rivales, ha sido el parteaguas que ha obligado a reflexionar sobre el sistema de justicia para adolescentes en Morelos.

Explicó que lejos de buscar la reducción de la edad penal, lo cual sería complicado porque requiere una reforma constitucional y atentaría contra tratados internacionales, los abogados penalistas proponen reformar la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos para fijar “casos de excepción” que permitan a los jueces especializados imponer penas mayores a los adolescentes que cometieron conductas antisociales agravadas, es decir, que delinquieron en grupo, haciendo uso de armas de fuego y/o de violencia física con alevosía y ventaja.

Además, como segunda propuesta, los penalistas plantean establecer penas mínimas con una serie de criterios para imponerlas, en virtud de que la legislación vigente sólo establece penas máximas.

Actualmente, la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos considera inimputables a los menores de 12 años de edad; en el caso de los adolescentes entre 14 y 16 años responsables de un delito, se establece una pena máxima de tres años de internamiento; en tanto que en los casos de los adolescentes entre 16 y menos de 18 años de edad, la pena máxima es de cinco años de internamiento.

Guadarrama Carreño detalló que la propuesta es que en los “casos de excepción” la pena privativa de la libertad pueda ser duplicada. Es decir, que en los casos de adolescentes de entre 14 y 16 años que cometieron conductas antisociales agravadas puedan tener un internamiento de hasta seis años y en el caso de los jóvenes entre 16 y menos de 18 años, la pena sea hasta de 10 años de internamiento.

El tercer tema contemplado dentro del análisis es derogar la disposición que acota la temporalidad en el cargo a los jueces especializados en justicia para adolescentes, pues actualmente pueden ser nombrados por un periodo de tres años y ser ratificados sólo por un periodo más, lo que significa que los juzgadores únicamente pueden estar en su cargo por un plazo máximo de seis años.

En este sentido, los penalistas consideraron que esta disposición es inequitativa con respecto al sistema de justicia para adultos, pues aquí los jueces no tienen temporalidad en el cargo.

En concreto, la propuesta es anular la temporalidad actualmente establecida para los jueces especializados y sujetar su permanencia o no en el cargo a su desempeño jurisdiccional, como sucede en el sistema de justicia para adultos.