La defensa de las víctimas pone en duda la imparcialidad de la juez a cargo del caso.

A petición de las víctimas, fue suspendida la audiencia de formulación de imputación que tenía como propósito presentar la acusación contra el juez Daniel Adán Rodríguez Apac, por el presunto homicidio culposo de un trabajador del IMSS.

Emilio Márquez, abogado de la esposa de Pedro Portilla Herrera, quien viajaba en su motocicleta y presuntamente fue arrollado por el juez sobre la carretera La Pera-Cuautla la mañana del 16 de diciembre de 2017, insistió en que la juez de control, Nancy Aguilar Tovar, no debía conocer el caso por existir elementos que ponían en duda su imparcialidad, al pertenecer a la misma asociación a la que pertenece el juzgador acusado.

Aun cuando la juez explicó que una sala del Tribunal Superior de Justicia resolvió en recurso de queja que ella debía conocer el asunto y que no había una suspensión de un juez federal que impidiera el desahogo de la audiencia, el litigante reiteró su rechazo a la juez Aguilar Tovar.

Al hacer uso de la palabra, el juez imputado pidió que procediera la realización de la audiencia y que él enfrentaba el proceso penal no como servidor público sino como cualquier ciudadano que tiene derechos y obligaciones legales.

Tras escuchar a las partes, la juez afirmó que, si bien pertenece a la misma asociación que el acusado, no existe ningún lazó de amistad ni de convivencia, salvo en el ámbito estrictamente profesional, y el trato que tiene con su homólogo es únicamente dentro del recinto judicial.

Defendió su investidura y sostuvo que no hay ningún elemento objetivo para poner en duda su imparcialidad, y recalcó que sus determinaciones son tomadas de manera autónoma e independiente, sin aceptar de ninguna intervención o presión externa.

A petición de la representación legal de las víctimas, la juez decretó la suspensión de la audiencia para que sea la justicia federal, a través del juicio de amparo promovido por la parte ofendida, quien resuelva si ella debe o no conocer el caso.

“Yo lo que busco es que se cambie de juez, la jueza comenta ciertas cosas y no coinciden lo que hizo la anterior vez, en cuento a los comentarios y las cosas, pero si hay una amistad ahí (entre ambos juzgadores) y ella lo dijo la vez pasada que tuvimos audiencia”, dijo Maykeler Viazcan López, esposa de la víctima, y sostuvo que su petición es que se designe a un juzgador que no sea allegado al imputado.

Miguel Ángel Rosete Flores, abogado del imputado, señaló que la postura del juez acusado es que se proceda conforme derecho y que todos los implicados reciban justicia conforme a la ley, pero desafortunadamente es incongruente la actuación de la parte ofendida, porque primero solicitó la judicialización de la carpeta de investigación y ahora promueve un amparo para evitar que arranque el proceso penal.

“Hoy es el momento que no entendemos si quieren que se judicialice, si quieren que se dilate la audiencia, o desconocemos qué es lo que esté prevaleciendo en el pensamiento de la contraparte. No queremos pensar que sea la ignorancia del derecho lo que prevalezca. Queremos que haya una sensibilidad porque a final de cuentas es un delito culposo y (el juez imputado) debe ser tratado como cualquier otro ciudadano, no por el hecho de tener un cargo público tiene que ser revictimizado el imputado, no por el hecho de ser un servidor público debe ser tratado con otra justicia, debe ser tratado como cualquier ciudadano que comparece ante la justicia”, expresó.

Detalló que la empresa aseguradora ofreció a la esposa de la víctima una indemnización justa, conforme lo establece a la ley, para llegar a una conciliación y evitar un juicio, sin embargo, ella exige una cantidad superior a los cuatro millones de pesos, lo cual está muy por encima de las cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) que establece la ley en estos casos.

“Estamos apegados a derecho y estamos compareciendo de manera responsable al llamado de un juez y en lo sucesivo nos vamos a juicio, y todavía falta que un juez, que un tribunal de juicio oral, determine su culpabilidad o no, y como consecuencia de la culpabilidad determine la reparación del daño”, dijo e insistió que se buscó la vía de una conciliación como solución alterna, pero si esto no ocurre el juez hará frente al juicio como cualquier ciudadano que también exige justicia.