La familia presenta evidencias de que fue atacado sin motivo.

Los padres de Rubén Gerardo Galindo Sánchez, el morelense que en septiembre fue tiroteado mortalmente por policías en Charlotte, Carolina del Norte, en Estados Unidos, pidieron este viernes a las autoridades estatales y consulares que intervengan para que se haga justicia.  

Los familiares del joven que tenía 29 años denunciaron que ninguna instancia oficial les ha brindado ayuda para que se castigue a los responsables del homicidio. Por ello recurrieron a la Confederación Internacional de Morelenses en el Extranjero.

El presidente de dicha organización, Pablo Castro Zavala, dijo que la familia no recibió orientación ni acompañamiento del consulado. Mencionó que sólo han apoyado en la repatriación del cadáver, pero no se ha luchado por investigar a fondo el caso.

Su padre, morelense también, Román Galindo de los Santos y su madre Elia Chávez García explicaron que debido a la inseguridad que hay en la entidad, pidieron hace unos meses a su hijo que les consiguiera una pistola para defensa propia; narraron que al no saber cómo enviarla a México, Galindo Sánchez le explicó a su padre que mejor buscaría la forma de entregar el arma para no tener problemas. Aseguraron que el connacional llamó por propia mano, al número de emergencia 911 para informar lo que había ocurrido y entregar el arma de fuego a la Policía.

Agregaron que mientras la operadora le daba indicaciones vía telefónica, el joven salió de su casa como se lo indicaron -según esta versión, no llevaba el arma- y de inmediato los agentes policiacos lo rodearon y le dispararon.

El abogado de la familia, Guillermo Correa Cárdenas, dijo que buscaron confirmar esta versión y encontraron un video (presuntamente de los que graban los mismos elementos policiacos en operativos) donde se observa que el morelense sale de la vivienda con las manos en alto y enseguida le disparan una ráfaga. Se observa cuando es abatido y se escuchan gritos y llanto de su mujer (también morelense) y de una de sus hijas de dos años.  

Correa Cárdenas aseveró que se trató de un homicidio y la familia merece justicia, pues existen los referidos videos de las cámaras de la propia policía y mostró audios que asegura son las grabaciones de la llamada al 911, donde el mismo Gerardo le avisa que quiere entregar el arma que no tiene balas y escucha que le indican que debe salir de su casa y no cortar la llamada.

Además, hizo notar que está presente el factor de discriminación, porque si se hubiera tratado de una persona anglosajona, los policías muy probablemente no habrían abierto fuego sin antes decirle que se arrodillara y acostara en el suelo bocabajo, entre otras medidas que existen en su protocolo de detenciones. Especialmente porque los policías llegaron a petición del propio paisano, que les dijo que quería entregar el arma.

Los padres del migrante, personas de la tercera edad, comentaron que él era su único sustento; cursó una carrera técnica, jugaba fútbol, ya tenía una hija con la pareja con la que vivía, y nadie les ha dado una respuesta clara del por qué lo mataron.

Su abogado consideró que dicha actuación policiaca debe ser investigada a fondo y de comprobarse el homicidio, los policías deben ser sentenciados y correspondería una indemnización para sus padres.

Por su parte, Pablo Antonio Castro Zavala -presidente de la organización- dijo que ya solicitaron una audiencia con la Comisión de Asuntos Migratorios del Senado de la República y buscarán apoyo del consulado, puesto que desde su punto de vista debe haber una indagatoria detallada de los hechos.