La Comisión Estatal de Seguridad (CES) buscará que los centros nocturnos y bares cumplan con la regulación y certificación de su personal de seguridad, tras la polémica que surgió por la presunta complicidad o inacción de un elemento de seguridad del bar Attico que permitió la huida de Óscar Gómez Sierra, alias “El Negro”, tras asesinar al estudiante universitario Alfredo Hernández.
Tras la detención hace unos días del presunto homicida, el titular de la CES, Alberto Capella Ibarra, fue cuestionado sobre la falta de regulación y supervisión del personal de los antros en Cuernavaca y otros municipios.
Respondió que en los próximos días tendrá un acercamiento con los empresarios de este giro para que el personal de seguridad de bares y discotecas sea regulado y capacitado.
“En las próximas semanas estaremos determinando a través de mi dirección, que depende de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, de Seguridad Privada, la posible intervención, como lo hacemos con las empresas que tienen guardias de seguridad privada y algunos otros esquemas, para poder solicitar, exigir, que estos elementos tengan cuando menos las mínimas condiciones que establecen para guardias de seguridad privada”.
“En esto, desde luego, los exámenes toxicológicos, los antecedentes penales y vamos a ver con la gran disposición que hay de algunos empresarios dedicados a este ramo, la posibilidad de generar acuerdos para apoyarlos con, inclusive, con esquemas de capacidad”, dijo.
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley para la Prevención y Combate al Abuso de Bebidas Alcohólicas y Regulación para su venta y Consumo en el Estado de Morelos, en vigor desde octubre de 2011, los propietarios o permisionarios de bares, discotecas y centro nocturnos que cuenten con elementos de seguridad interna en sus instalaciones, deben verificar que obtengan el certificado de confianza expedido por la Secretaría de Gobierno del estado, a través de la CES, y que porten la credencial que acredite que cuentan con dicho certificado.
Sólo quedarán exentos de esta obligación los establecimientos domiciliados en el estado de Morelos cuya seguridad interna esté a cargo de alguna de las empresas de seguridad privada que se encuentre registrada en la Secretaría de Gobierno estatal.
Sin embargo, ni los establecimientos ni las autoridades han procurado cumplir con esta disposición legal y, tras el video difundido en redes sociales que muestra cómo ocurrió el homicidio del joven, y puso en la polémica el actuar del personal de seguridad de bar Attico, el tema volvió a surgir.
Otra disposición que no ha sido cumplida por la mayoría de estos establecimientos es la obligatoriedad, prevista en el artículo 33 de esta ley, de colocar arcos detectores de metales en los accesos de los antros para evitar el ingreso de armas u otros objetos que pudieran poner en riesgo la vida de los clientes, como ocurrió con el caso del estudiante asesinado.
