El magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Orlando Aguilar Lozano, afirmó que es legal su estancia en el cargo, no sólo porque cuenta con una nueva suspensión federal sino porque, en febrero pasado, con las reformas constitucionales realizadas por el Congreso de Morelos, podrá ejercer jurisdicción hasta cumplidos los 70 años.

Lamentó los ataques y fijó postura sobre la denuncia interpuesta ante la fiscalía anticorrupción por el magistrado designado del TJA, Guillermo Arroyo Cruz, quien acusó a Aguilar Lozano de usurpar funciones al habérsele negado el amparo y la suspensión que lo mantenía en el cargo, luego de que en octubre de 2014 cumplió los 65 años, la edad máxima para ejercer el cargo.

Explicó que efectivamente, el pasado 10 de septiembre fue sobreseído el amparo que promovió ante el Juzgado Octavo de Distrito y cesó el efecto de la suspensión para que continuara en el cargo, pero el argumento de la justicia federal obedeció a que no se había formalizado ante el Congreso su petición de pensión vitalicia por jubilación como magistrado, es decir, en las mismas condiciones en que le fue otorgada a sus antecesores y en las que fue designado como juzgador.

También sostuvo que en febrero pasado entró en vigor la reforma al artículo 89 de la Constitución local, que cambió su situación jurídica, al modificarse la edad límite para ejercer jurisdicción.

Señaló que el decreto de reforma constitucional establece que “el retiro forzoso de los magistrados se producirá al cumplir setenta años de edad o por sobrevenir incapacidad física o mental que imposibilite el desempeño del cargo o de manera voluntaria”. Esto significa, dijo, que aún le quedan dos años como magistrado, ya que en unos días cumplirá 68 años.

Afirmó que Guillermo Arroyo (quien en el 2015 fue designado magistrado del TJA por la anterior legislatura, para relevar a Aguilar Lozano) en su momento no impugnó la reforma constitucional que le causaba agravio y, por lo tanto, ha quedado firme.

En su favor, agregó, promovió hace unos días el juicio de amparo 1682/2017, para evitar cualquier pretensión de ejecución del retiro forzoso y contra la omisión legislativa de dar contestación a la petición de pensión, luego de que Arroyo Cruz solicitó a los diputados que se le tomara protesta para entrar en funciones. Derivado de este juicio, el juez concedió este 24 de octubre la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran.

Cuestionado sobre si dejaría la magistratura si el Congreso le otorga la pensión vitalicia como magistrado, como ha ocurrido en casos anteriores, no descartó la idea y afirmó que si eso ocurriera, estaría en posibilidades de elegir el retiro voluntario o esperar a culminar su periodo.

Finalmente, recalcó que no prosperará la denuncia interpuesta por Guillermo Arroyo contra él y el resto de los magistrados del TJA, en vista de que no hay ninguna ilegalidad en el ejercicio de sus funciones.