Organizaciones no gubernamentales se congratularon por la publicación en el Diario Oficial de la Federación, y la entrada en vigor, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), junto con 17 organizaciones más, expresó su beneplácito con la vigencia de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que contribuirá a erradicar la tortura en la medida en que la normatividad se implemente y cumpla.

De acuerdo con organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de “Tlachinollan” y el Centro de Derechos “Miguel Ángel Agustín Pro Juárez”, la tortura es una práctica generalizada en México y que no debe ser tolerada por violar gravemente los derechos humanos y ser un crimen de lesa humanidad.

Tan sólo del 2007 a finales del 2016, se presentaron más de siete mil 695 quejas por tortura en las comisiones estatales de derechos humanos y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Si se incluyen las quejas calificadas como tratos crueles, inhumanos y degradantes, el total aumenta a más de 12 mil quejas anuales en años recientes. En el mismo periodo, la CNDH ha emitido al menos 144 recomendaciones en donde se aprecian actos de tortura, que involucran a 730 víctimas.

Las torturas documentadas van desde amenazas y golpes, hasta choques eléctricos, asfixia con bolsas de plástico, waterboarding (simulación de ahogamiento) y en muchas ocasiones violencia sexual.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura, las organizaciones defensoras de derechos humanos no gubernamentales se solidarizaron con las víctimas sobrevivientes e instaron al Estado mexicano a priorizar la plena implementación y aplicación de la nueva ley general, y en particular, a investigar, procesar y sancionar a todos los responsables de cometer tortura, incluyendo a aquellos que la ordenen o toleren.

También llamaron a garantizar la exclusión de cualquier prueba fabricada u obtenida bajo tortura, a reparar a las víctimas los daños, sancionar a los responsables y generar un diagnóstico nacional sobre tortura.