Cuernavaca, Morelos.- A diferencia de la mayoría de los ayuntamientos, en el gobierno del estado se han tomado medidas y puesto en marcha diversos programas de austeridad a fin de poder cumplir cabalmente con las obligaciones en materia de derechos laborales a los burócratas, aseguró el secretario de Administración, Javier Barona Lavín.
El funcionario indicó que ayer, en tiempo y forma, se pagó la segunda parte, de tres ministraciones, en las que se cubrirá el 100 por ciento de los tres meses de aguinaldo de los trabajadores de la administración estatal, tras recordar que con motivo del Buen Fin, se adelantó una tercera parte.
Recordó que la nómina alcanza los 12 mil empleados, incluyendo a organismos descentralizados, jubilados y pensionados, porque del Poder Ejecutivo en activo son ocho mil 479. Es decir, abundó, la erogación fue de 69 millones de pesos, que mereció de acciones contundentes en materia de austeridad presupuestal.
Manifestó que sin llegar al despido de personal, la dependencia a su cargo ha venido ofreciendo facilidades, a fin de que aquellos que cuenten con años suficientes como para jubilarse, lo hagan y con ello se ha logrado disminución gradual de las nóminas, que impacta en el gasto corriente a la baja.
Barona Lavín consideró que ya se tiene poco margen de maniobra en lo relacionado al ajuste burocrático, porque con todas las bajas causadas voluntariamente, se está llegando al tope, es decir a la disponibilidad del capital humano necesario para el buen funcionamiento institucional.
Luego advirtió de un 2017 igualmente difícil, en el que se tendrá que buscar reducir cualquier gasto que no sea necesario, aunque aclaró que cuando se requiera, siempre habrá manera de generar economías, primero debe estar la estabilidad financiera, que posibilita la funcionalidad gubernamental.
Más adelante agregó que con la misma puntualidad, en la primera mitad de enero del año entrante, se estará entregando la tercera y última parte de las prestaciones laborales, porque los fondos ya se encuentran reservados, al tratarse de una obligación constitucional ineludible, para evitar cualquier inconveniencia legal como ha venido pasando en las presidencias municipales, donde se llega incluso al riesgo de la destitución de cabildos, por disposición de tribunales en la materia.
