En febrero de 2015, la CDHEM emitió una recomendación al gobierno de Morelos, los 33 presidentes municipales y al Tribunal Superior de Justicia, en el que enfatizaron las fallas institucionales para atender la violencia de género y pidió rediseñar las estrategias  y políticas públicas para prevenir, sancionar  y erradicar la violencia contra la mujer  en sus diversas connotaciones, con especial  atención a los delitos de alto impacto como los feminicidios.

A más de un año y tras polémicos debates públicos en que organizaciones civiles e instituciones discrepan sobre el número de feminicidios y agresiones perpetradas contra mujeres, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue sin crear la base de datos que permita tener certeza sobre la dimensión de la violencia de género.

La titular del organismo, Lucero Benítez Villaseñor, responsabilizó a la FGE de la ausencia de información certera, porque incumplió con su obligación de crear dicha base de datos.

Dijo que la secretaría ejecutiva de la CDHEM tuvo que requerir de nuevo a la Fiscalía un informe sobre las carpetas de investigación relacionadas con feminicidios y violencia contra mujeres, y compararlas con las quejas de oficio iniciada por el organismo con base en los registros periodísticos.

En el contexto de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en ocho de los 33 municipios de Morelos, consideró que se mantiene vigente el debate, porque justamente la FGE no ha creado la base de datos  y la fiscalía especializada en homicidios de mujeres y feminicidios no avanza en las investigaciones de los delitos.

“No se ha creado esa base de datos, se ha creado una fiscalía especializada en la cuestión de los feminicidios que consideramos que no ha estado trabajando de la manera correcta para que nosotros podamos tener datos, y que esas carpetas de investigación se integren debidamente, porque desafortunadamente hay una cifra muy alta de asuntos hacia la mujer y de feminicidios y no coincide con el número de las personas detenidas y procesadas o que ya están compurgando una sentencia por ese tipo de delito”, dijo.

Por eso, resaltó, “tienen razón muchas asociaciones de manifestarse, el COCOFEM, y muchas organizaciones que están indignadas, de que no caminan las carpetas, de que no hay la reparación del daño a las mujeres”.

Respecto a la obligación de los municipios de velar por la protección de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género, destacó que los ediles y alcaldesas, con el pretexto de la reciente transición, ignoran su responsabilidad.

“Con los municipios es lo mismo que ha pasado, también los presidente municipales con este tránsito que han tenido, con el pretexto de que apenas van entrando y que apenas van conociendo del tema, no están habilitando las regidurías o las direcciones que protejan directamente los asuntos de la mujer y la familia. Entonces se ha pedido, de acuerdo con la recomendación, que se cumpla con esa parte”, concluyó.