La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades del sistema penitenciario y del sector salud estatal, respetar los derechos de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables que se encuentran presas bajo proceso o sentenciadas por la comisión de algún delito.

En su informe, la CNDH contabilizó en las cárceles de Morelos a 24 internos que padecen discapacidad psicosocial, que es diagnóstico de trastorno mental derivado de los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión, y una más que es considerada inimputable, que significa la ausencia de capacidad para conocer el alcance de los propios actos, por falta de suficiente desarrollo intelectual y por graves anomalías psíquicas.
Sólo una mujer, que es considerada inimputable, se encuentra sentenciada por un delito del fuero federal. De los 24 internos que padecen discapacidad psicosocial, 18 son hombres y cinco mujeres que están sujetos a proceso o sentenciados por delitos del fuero común, y un hombre fue sentenciado por un delito federal.

El organismo nacional señaló que en Morelos, como en el resto de los penales del país, hay una práctica constante de violación de los derechos humanos hacia estos internos, especialmente por su condición de vulnerabilidad.
Por ello, requirió a las autoridades locales adoptar las medidas necesarias para que las personas que requieran atención especializada, por alguna discapacidad psicosocial, sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados, a fin de que se integre un expediente médico con su historia clínica y el diagnóstico para que sean atendidas por un médico psiquiatra.

En concordancia con los artículos 1º, párrafo quinto, 4º, párrafo cuarto, constitucionales, el sector salud debe tomar las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables que se encuentren en centros penitenciarios, para que sean internados para su atención en instituciones de salud especializadas y éstas brinden los cuidados indispensables, con base a las normas y estándares nacionales e internacionales.
También pidió al sistema de salud estatal contar con infraestructura necesaria que permita proporcionar la mejor atención a esta población, para lo cual debe construir o habilitar unidades especiales para la atención y estancia de estas personas, previéndose, en su caso, anualmente las partidas presupuestales para tal fin.

Además de armonizar el marco normativo aplicable a esta población, teniendo como base los estándares de protección a los derechos humanos previstos en instrumentos internacionales, la CNDH consideró necesario instrumentar una unidad de seguimiento a la situación jurídica de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables, dependiente de las autoridades administrativas encargadas de la ejecución de sanciones a nivel federal y estatal, con el fin generar mecanismos de colaboración que informen a la autoridad judicial sobre la evolución de su salud mental, y en su caso, gestionar las medidas procedentes.