Dijo que los jueces emiten sus resoluciones con base en las pruebas que presentan las partes, y en este caso la fiscalía no aportó elementos para indiciar a los funcionarios municipales. Sin embargo, el Ministerio Público tiene la oportunidad de impugnar el fallo en un plazo máximo de cinco días.

Afirmó no temer a presiones políticas del Poder Ejecutivo (que protagonizó una fuerte confrontación con el edil y el propio gobernador acusó de delincuente a Alonso Plascencia), pues insistió en que la jueza resolvió conforme a los elementos que le fueron presentados y que no fueron suficientes para someter a proceso al presidente municipal y sus colaboradores.

“No, de ninguna manera. Tan es así que con toda libertad la juez resolvió lo que era lo correcto, reiterando, atendiendo al acervo que fue presentado ante ella”, recalcó e insistió en que la determinación de la jueza María Guadalupe Flores Servín se basó en los elementos que aportó la fiscalía y que, desde la perspectiva jurídica de la juzgadora, no fueron suficientes para sujetar a proceso a los funcionarios por los delitos de despojo, abuso de autoridad e indebido ejercicio de la función pública.

Lara Chávez consideró que de cada 100 casos que son judicializados, poco menos de la mitad resultan adversos a la fiscalía por falta de argumentaciones sólidas.

“Hay asuntos que desde el control de detención no se determina la legal detención. Hay otros que en la fase de vinculación no se vinculan a proceso u otros que hasta llegar a juicio oral, que generalmente hemos encontrado más casos donde se decreta una sentencia absolutoria”, explicó.