Por otro lado el auditor superior fue electo para el cargo por la pasada Legislatura hasta el 2015, pero los diputados analizan si es posible removerlo sin que éste pueda demandar su reinstalación en el cargo.

Diputados priístas, perredistas y panistas se han pronunciado a favor de destituir al auditor superior, porque consideran que incurrió en una falta grave al entregar un informe justificado a la justicia federal con datos falsos, lo que propició que se iniciara un proceso penal en su contra.

Ayer, minutos antes de que los líderes parlamentarios entraran a la discusión sobre la permanencia o salida del auditor, éste último hizo llegar a las oficinas de la Junta Política un informe sobre el trabajo que ha realizado en los últimos 12 meses, para que sea valorado por los coordinadores.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Othón Sánchez Vela, afirmó que la entrega del informe cambió las condiciones de la discusión, porque el acuerdo al que llegaron los diputados es que remitirán ese informe a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública para que sea analizado.

“Lo que ahora vamos a determinar es si el trabajo realizado es correcto; si no tan solo le ha mentido a la justicia federal, pues puede ser que lo mismo haya sucedido con el Congreso, así que de inmediato hemos remitido este informe a los especialistas”, comentó el legislador al abandonar la reunión de ayer.

La situación procesal de Casamata Gómez ha cambiado en las últimas horas, pues hasta hace poco pesaba una orden de aprehensión en su contra, pero hace unas horas, después de que el funcionario se presentó al Juzgado Cuarto de Distrito para pagar una fianza, se le dictó un auto de formal prisión, aunque por tratarse de un delito no grave (falsear datos ante la autoridad) no ha sido privado de su libertad.

Finalmente, los líderes parlamentarios esperarán que los asesores de la Comisión de Hacienda, respondan el informe que presentó Casamata Gómez, en el que señala cuál es el estado que guarda cada una de las auditorías realizadas a los poderes y ayuntamientos.