La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la controversia constitucional promovida por el Tribunal Estatal Electoral (TEE) y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) contra los poderes Ejecutivo y Legislativo por la disminución de su presupuesto para este año.
De manera conjunta, los órganos autónomos controvirtieron la Ley de Egresos de Gobierno de Morelos 2016, donde les fue asignado un presupuesto inferior al que habían solicitado.
Originalmente, el Impepac había requerido más de 90 millones de pesos y el TEE casi 22 millones, pero el Poder Ejecutivo redujo la propuesta a 88 millones y 17 millones, respectivamente. Sin embargo, finalmente, el Congreso asignó al instituto un presupuesto anual de 78 millones 458 mil pesos, de los cuales casi 63 millones son para prerrogativas de partidos políticos y para el tribunal 12 millones 252 mil pesos.
Ambos órganos reclamaron ante la SCJN la modificación que el Ejecutivo realizó a su propuesta y la asignación insuficiente de recursos que hizo el Congreso, porque está en riesgo su operatividad y el cumplimiento de sus funciones constitucionales.
“Lo anterior, no sólo resulta insuficiente para que las autoridades locales electorales, jurisdiccionales y administrativas, cumplan con sus objetivos, sino además es tan escaso que no le permitiría subsistir por un periodo mayor a siete meses; por lo tanto violenta y limita el carácter autónomo de los entes actores, tal como lo exige la disposición contenida en la Constitución General de la República”, expresaron el TEE y el Impepac en su escrito de demanda.
Sin embargo, el ministro instructor Javier Laynez Potisek determinó desechar de plano la controversia constitucional 9/2016 porque la demanda se presentó de manera conjunta con un representante común, y la Constitución y su ley reglamentaria no contemplan esta posibilidad.
Al respecto el magistrado presidente del TEE, Carlos Alberto Puig Hernández, informó que analizarán la determinación del ministro y las posibilidades jurídicas.
Refrendó los argumentos sobre la debilidad financiera en la que se encuentra particularmente el tribunal, que no tendría capacidad para mantener la plantilla de personal y la capacitación constante que exige la materia electoral, sobre todo porque “la elección que viene, la del 2018, consideramos que va a ser muy controvertida y porque el número de asuntos se ha ido incrementado conforme pasan los años”.
Puig Hernández recalcó que “de nada nos serviría tener recursos en el 2018 (fecha de la próxima elección) si el personal no está capacitado. La verdad, eso daña. El derecho electoral es una disciplina que pocos abogados practican, entonces necesitamos que personal esté permanente con nosotros”.
