Por no reunir 10 mil pesos, un joven de 25 años de edad que presuntamente robó un automóvil podría permanecer hasta 20 años en el penal de Atlacholoaya, por lo que una juez penal del Primer Distrito Judicial le otorgó 12 días para reunir el dinero.

En enero de 2014, Daniel Omar robó un taxi que estaba estacionado y fue detenido pocos minutos después por elementos del Mando Único. El hombre fue llevado ante un juez de Control que le concedió la libertad, a cambio de firmar el libro de registros de la Unidad de Medidas Cautelares cada 15 días, pero el joven no cumplió con el requisito, razón por la cual fue reaprehendido.

Este miércoles era vital para el joven, pues se llevaría a cabo su audiencia intermedia, en la que si pagaba 10 mil pesos como reparación del daño podría evitar los 20 años de cárcel que establece el Código Penal, pero ninguno de sus familiares llegó con la suma previamente pactada.

La fiscal del caso antes de iniciar la sesión con la juez Leticia Damián Avilés, preguntó si tenía el dinero, pero éste pidió un teléfono celular para hablar con su esposa, quien en ese momento le comunicó que no consiguió el dinero y que no asistió a la audiencia porque no le dieron permiso para ausentarse de su centro de trabajo.

La juez llegó a la sala para escuchar la petición del imputado, quien le insistía le diera una oportunidad, pues una persona le prestaría los 10 mil sólo que no le ha contestado el teléfono.

A pregunta de la juez, la víctima que asistió a la audiencia dijo estar de acuerdo en acordar otra fecha, pero al mismo tiempo se quejó porque “ya son muchas vueltas y nada. Nomás no veo claro”, decía.

Y es que el agraviado refirió que lo único que pide son los gastos que le generó el robo de su carro como grúa, corralón, entre otros.

El imputado insistió que pagaría para no ir a juicio y no ser sentenciado, pero necesitaba unos días para reunir la cantidad reclamada.

Finalmente la juez tomó la decisión de citar a las partes para el 24 de enero, pero dejó en claro, que ese día tendrá que pagarse la cantidad para que el detenido no sea sentenciado.