Antonio fue detenido después de que la Policía de Investigación Criminal realizó un cateo en el bar el pasado 30 de diciembre y los agentes descubrieron un pasillo que da a un hotel de nombre “Acapulco”, en donde se presume las empleadas del bar sostenían relaciones sexuales con los clientes a cambio de dinero.

El imputado, en su defensa, argumentó que las personas que declararon en su contra mentían, tan es así que la Policía no encontró dinero en el lugar para presumir que los clientes pagaban, para sostener la hipótesis de que las empleadas tenían relaciones sexuales con los clientes a cambio de dinero.

Sin embargo, en su parte informativo los policías que realizaron el operativo informaron al ministerio público que en el lugar encontraron cientos de preservativos y las empleadas reconocieron que ejercían la prostitución, que era el propietario del lugar quien realizaba los cobros y al término de la jornada laboral les daba una comisión. Además de que en el lugar se encontró a dos mujeres menores de edad, cuya labor era beber cervezas con los clientes, recibiendo a cambio 50 pesos por cada bebida.

El juez Javier Ulloa consideró que el propietario del bar ubicado en la carretera federal Cuernavaca-Acapulco, a la altura del poblado de Acatlipa, incurrió en dos delitos, no sólo en el de trata de personas, como lo planteó en un inicio la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Evidentemente también se da el delito de lenocinio, porque si bien es cierto (que) las empleadas del bar no eran obligadas a tener relaciones sexuales, el dueño obtenía ganancias y esto es un elemento de este delito”, indicó el juzgador.

En cuanto a la trata de personas, dijo que en el bar se encontraron dos menores que fueron contratadas para beber con los clientes, lo que también significa una explotación, y más si tomamos en cuenta que una menor dijo que llegaba a tomar hasta 13 cervezas por noche, indicó el juzgador.

Además la ministerio público señaló que tiene la sospecha que otras dos menores de edad, también fueron contratadas para beber con los clientes, pero éstas se han negado a declarar por el temor que le tienen a Antonio.

Finalmente el juez vinculó al hombre a proceso y otorgó a las partes un plazo de dos meses para reunir pruebas e iniciar el juicio correspondiente.