Un dictamen que ya fue turnado a la Comisión del Trabajo y Previsión Social, propone reformar la Ley del Servicio Civil, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje únicamente conozca las demandas que son interpuestas por los empleados sindicalizados.

Hace apenas unos días, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dieron a conocer que en este momento los ayuntamientos adeudan por lo menos 60 millones de pesos en el pago de laudos y que, muchas administraciones municipales no han podido cumplir con los pagos que les son requeridos por la justicia.

Ante tal situación, la diputada por el tricolor Guadalupe Jiménez Tovar presentó dicha propuesta e insistió que eliminando desde la ley el derecho a demandar, es como se puede regular esta situación.

“Se debe entender que los empleados de confianza no podrán demandar su reinstalación, como lo están haciendo actualmente ante los juzgados, porque ese derecho tiene que ser exclusivo de aquellos que tienen la base”, indicó.

Según la legisladora del tricolor, los empleados de confianza deben de entender que estos son contratados por un tiempo determinado, es decir, mientras dura la administración municipal, y una vez que ésta culmina tiene que entregar el cargo.

Jiménez Tovar dijo que Morelos no seria el único estado en donde se les quitaría ese derecho a los empleados de confianza, pues aclaró que eso sucede en otras entidades del país, pero no dijo en cuáles.

E incluso refirió que hay jurisprudencia al respecto, al sostener que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que los trabajadores de confianza en el gobierno federal, una vez que terminan su trabajo, no tienen derecho a pelear su reinstalación.

Finalmente, la propuesta priísta fue remitida a una comisión para que la misma sea discutida, pues se pretende que esta medida pueda entrar en vigor a partir del 2012, cuando se cambien las administraciones municipales en Morelos.