En la audiencia diversa la defensa del hombre, encabezada por el abogado Jesús Leyva, éste argumentó que el examen pericial realizado por el psiquiatra Teodoro Ávila, es incongruente porque él mismo admite que el imputado tiene problemas para conciliar el sueño, que tiene frecuentes cambios de humor e incluso le recetó medicamento. Pero al final, señala que éste tiene un lenguaje congruente y fluido, que tiene capacidad para entender la realidad y por lo tanto para enfrentar el proceso.
Don Arcadio fue llevado a juicio acusado del delito de abuso sexual, pero según su defensor, éste debe estar en un hospital psiquiátrico y no en el penal de Atlacholoaya, pues desde hace 15 años es tratado médicamente por la enfermedad antes referida.
“Al expediente hemos anexado documentos que demuestran que la enfermedad de mi cliente era tratada por especialistas del Hospital San Bernardino, pero aún así el peritaje practicado por la FGE afirma que sí está apto para enfrentar el juicio”.
La petición planteada por la defensa fue designar otro perito externo que emita su opinión y solicitar al hospital especializado en enfermedades psiquiátricas, una opinión que establezca si el hombre sabe o no que posiblemente cometió una conducta ilícita.
Al resolver, la juez le otorgó al ministerio público cinco días hábiles para solicitar un informe detallado al hospital, e informar sobre el diagnóstico y estado de salud mental del imputado.
En este sentido, la juez estimó también que la parte acusada tiene el derecho de contratar un perito para presentarlo como prueba y lograr con ello que el hombre salga de la cárcel para ir a un hospital.
Además en la misma audiencia se informó que la madre de la menor, víctima del delito, presentó un oficio en el que solicita el desistimiento de las acusaciones. Pero lo anterior sólo levantó sospecha de la juez, al señalar que ella no tiene la personalidad jurídica para tal acción y ordenó al ministerio público investigar si la mujer incurrió en el delito de falsedad de declaraciones, pues de ser así, se podría hacerse acreedora a una pena de hasta 12 años de prisión.