“Lo único que funciona y bien es la Dirección General de Conciliación; cabe aceptar que por esa vía se ha logrado impedir que cientos de conflictos entre trabajadores y patrones se conviertan en procesos de demanda. Pero es lo único; lo de más se encuentra de cabeza”.

“Particularmente se vienen cometiendo violaciones en las solicitudes y demandas de amparo; éstas no son contestadas ni resueltas en los tiempos que marca la Constitución, y eso es una comisión de delito”.

Más aún, abundó Juárez Rivas, “hay muchos casos en los que los laudos van en función de intereses económicos y de tráfico de influencias, en lugar de los elementos de prueba de las partes”.

“Pero en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA) las cosas tampoco andan mejor. Aquí lo que las dilaciones vienen provocando es que las demandas laborales se tardan tanto que una indemnización de cuatro o cinco mil pesos puede llegar a los 100 mil o más, con todas las consecuencias que ello implica.

Lo malo es que cuando se emiten las condenas, somos los ciudadanos, a través de los ayuntamientos, quienes tenemos que pagar finiquitos increíbles”.

De esos cerca de 800 millones de pesos que en conjunto deben la mayoría de las alcaldías en materia de laudos perdidos, un 90 por ciento es producto de malas defensas jurídicas o procesos amañados en los mismos tribunales con el fin de causar daño a enemigos políticos.

Consideró que la tecnología es un buen apoyo, pero no resuelve el problema de fondo que es la correcta impartición de justicia.