La Unidad Especializada Contra el Secuestro y la Extorsión (UECS) obligó a una mujer a cometer el delito de cohecho, al presionarla para que entregara dinero a dos agentes de la Policía de Investigación Criminal, con lo que pretendía fincarles responsabilidad por el delito de extorsión, pero la manera con la que actuó el fiscal, provocó que los policías salieran absueltos del cargo.

Los dos agentes policiacos fueron puestos en libertad por el juez de Control de Garantías del Primer Distrito Judicial, Martín Domínguez Casarrubias, quien declaró ilegal la detención, pero además refirió que la investigación realizada por la UECS “es un engaño y fabricación”.

El Código Penal Federal define que incurre en el delito de cohecho el servidor público que acepta dinero o dádivas para dejar de hacer una actividad que está prevista en sus funciones, pero también incurre en dicha conducta el que ofrece dinero o dádiva a cambio de recibir un favor por parte del funcionario público.

En la audiencia inicial, celebrada a las 09:30 horas del lunes, los abogados defensores de los inculpados, Juan Manuel Cuéllar Miranda, Miguel Maldonado Coria y Víctor Javier Hernández Vega, exhibieron la serie de violaciones cometidas por la unidad de la UECS para cuadrar el delito en contra de los agentes Benjamín Vicente “N” y Gloria Cecilia “N”.

De acuerdo con la puesta a disposición que la agente del Ministerio Público presentó en la audiencia de control de detención, la aprehensión de los dos servidores públicos ocurrió durante un operativo realizado la madrugada del sábado 26 de septiembre por la Policía del Mando Único y agentes de la unidad especializada.

Según el Ministerio Público, los agentes policiacos investigaron una querella por el delito de violación, pero al parecer ésta no fue cometida, razón por la cual habrían solicitado a Silvia “N” dinero, a cambio de no ponerla a disposición del Ministerio Público por el delito de declaraciones falsas.

Benjamín y Gloria fueron detenidos, supuestamente, en el momento en que pretendían cobrar el dinero producto de la extorsión, a través de un pago controlado y con ello provocaron que la mujer cometiera el delito de cohecho, aunque el Ministerio Público no ha realizado cargos en contra de la supuesta víctima.

“Lo que nosotros argumentamos es que la Policía propició la comisión de un nuevo delito, con la entrega de un pago controlado. Al hacer esa situación, la Policía ya generó la comisión de un nuevo delito”, indicaron los abogados de los dos policías.

Al término de la audiencia, los litigantes sostuvieron que la actuación de la autoridad responsable de la investigación fue instigar a una mujer para consumar el delito de cohecho, lo que exhibe la ignorancia de los agentes del Ministerio Público que no conocen cómo funciona el sistema.

“Es importante establecer que la propia víctima refiere que se entrevista con la propia titular de antisecuestro, Adriana Pineda, y que es ella quien le dice qué hacer”, indicaron.

Afirmaron que la mal asesoría del Ministerio Público vulnera la seguridad jurídica de las víctimas que son asesoradas por gente incapaz que desconoce de la clasificación de delitos.

Ante el juez, los abogados insistieron en que se tenía que haber detenido a las tres personas, es decir a los dos policías y la mujer que ofreció el dinero a cambio de no ser denunciada.

Señalaron que al margen de si se cometió o no una conducta irregular, la agente del Ministerio Público presentó cargos por el delito de extorsión, cuando tuvo que ser por cohecho.

La extorsión es definida como un delito consistente en obligar a la persona, a través de amenazas, a realizar una acción u omisión.