El Congreso del estado analiza la posibilidad de crear una comisión especial que se encargue de averiguar la causa del retraso en más investigaciones en contra de los ex presidentes municipales de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós y Rogelio Sánchez Gatica, quienes son acusados de delitos como peculado.

El diputado panista Carlos Alaniz Romero impulsó ayer un punto de acuerdo para crear dicha comisión investigadora y que después de más de dos años finalmente se proceda en contra de las ex autoridades responsables de la deuda que enfrenta Cuernavaca por más de mil millones de pesos, pero también en contra de los actuales funcionarios, desde directores, hasta regidores y secretarios del Ayuntamiento que de manera intencional retrasaron las investigaciones.

El legislador local recordó que al inicio de la administración de Jorge Morales Barud comenzaron varios procesos ante la Contraloría Municipal para llevar a cabo un deslinde de responsabilidades. De igual forma, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sin embargo, Alaniz Romero dijo que en ninguno de los casos se obtuvieron resultados para castigar a los responsables sino que, al contrario, dijo que desde el Ayuntamiento se denunciaron hechos graves, como la pérdida de una caja con pruebas documentales de irregularidades cometidas en la administración 2009-2012 en perjuicio de las finanzas municipales.

Por lo anterior, el legislador local dijo que como Congreso del estado también se tiene que exigir resultados a la Fiscalía General del Estado, pues tampoco ha habido avances en las investigaciones, con la justificación de que Manuel Martínez Garrigós tenía fuero constitucional, al haber sido diputado.
"La intención de esa comisión es ésa: de entrada, mandar a traer a todos esos funcionarios. Segundo, saber en qué situación están los expedientes y asimismo en el tema de la fiscalía, solicitarle al encargado de despacho nos informen por qué no se está avanzando", manifestó.

Carlos Alaniz dijo que algunos procesos ya prescribieron, por lo que también se revisará la responsabilidad de quienes no agilizaron los trámites y, de ser posible, se proceda a una sanción por parte de las autoridades competentes.

La propuesta fue turnada a la Junta Política y de Gobierno para su análisis y someterlo a votación en la sesión de la próxima semana.