El gobierno de Morelos pronosticó presión sobre operadores del sistema de justicia acusatorio adversarial estatal, derivado de la reducción de presupuesto federal para el 2016 y la imposibilidad de abrir plazas, dar mejoras salariales y capacitación suficiente.

El vocero del gobierno para el nuevo sistema de justicia, Salvador Guerrero Chiprés, informó que fueron recortados 19 mil millones de pesos al presupuesto federal para implementación del sistema oral de justicia penal para el próximo año, lo que significa complicaciones para las entidades.

“Hay una reducción muy importante del presupuesto federal de 19 mil millones de pesos que van a dejar de gastarse en toda la Federación y que eventualmente van afectar la calidad y la capacidad de todos los sistemas estatales para responder a las exigencias del nuevo sistema de justicia penal”, dijo.

Expresó que Morelos, junto con el resto de las entidades, buscará que esta reducción se vea compensada. “Todavía no sabemos cómo, en Setec (Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación) hay una discusión sobre eso, de cómo se va a compensar esa reducción ante la exigencia de que en 269 días entre en conjunto en operación el nuevo sistema de justicia penal (en todo el país)”.

En rueda de prensa, el funcionario estatal señaló que son varios los rubros que serán afectados en la continuidad de la implementación del sistema acusatorio adversarial, como son equiparar los salarios de los trabajadores judiciales, de la fiscalía y la defensoría pública.

“Advertimos que los niveles de ingresos son muy diferentes, por ejemplo en el caso de los primeros niveles de atención la fiscalía que en el Poder Judicial y es probable, y subrayo, es probable que eso se convierta en un foco de atención en el futuro inmediato para garantizar la buena implementación del sistema”, expresó.

También consideró que ante la reducción presupuestal del gobierno federal para el sistema de justicia penal, es poco probable que en la fiscalía estatal y la defensoría pública puedan abrirse nuevas plazas.

“Yo no podría responder más que deductivamente, considerando el ajuste presupuestal que hay, es difícil en que haya una ampliación de plazas (…) Entonces hay una gran presión (por la demanda del servicio en la procuración de justicia y defensoría pública) y el salario promedio para el tipo de trabajo promedio (de los operadores del sistema de justicia penal) no necesariamente es ideal, esa es una reflexión que está haciendo Setec y que debemos de compartir todos nosotros”, afirmó.

La capacitación también será un rubro afectado por el recorte financiero y por ejemplo, “capacitar, formar y actualizar a los defensores públicos, probablemente exista la posibilidad previsible de que no se tengan los mismos recursos para esos procesos de capacitación”, que estaba intentando la Setec.

Guerrero Chiprés quiso destacar como logro del gobierno estatal que el 36% de las policías, es decir dos mil 196, de un  total de seis mil 100 elementos, han sido capacitados durante el 2015, pues consideró que el resto de las entidades apenas alcanzó el 5%.

Cabe señalar que Morelos fue una de las primeras entidades en implementar hace ocho años el sistema de justicia penal y es uno de los seis estados que actualmente lo opera al cien por ciento.

En junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia que dio como plazo hasta 16 de junio de 2016 para que todas las entidades y el gobierno federal implementen el sistema de justicia acusatorio adversarial o coloquialmente conocido como juicios orales.