El gobierno municipal del perredista Miguel Ángel Rabadán Calderón enfrenta la peor crisis del último lustro, ya que hace días reconoció ante el Cabildo que el Sistema de Agua Potable trabaja con números rojos desde hace algunos años, y es por ello que solicitó el voto de los regidores para elevar al doble las tarifas.

Y es que en el diagnóstico que Rabadán Calderón presentó a los miembros del Cabildo, reconoció que este organismo trabaja con números rojos desde que él asumió el control del mismo en el 2006, cuando el también perredista Rabindranath Salazar Solorio era el presidente municipal.

Según el edil, justo cuando él asumió el control del Sistema de Agua Potable, éste dejó de ser autofinanciable, pues con el cobro de las cuotas no alcanza para pagar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El año pasado el ahora edil se vio involucrado en un escándalo, cuando se entregó a los medios de comunicación una copia fotostática de un cheque de dos millones de pesos expedido por el Sistema de Agua Potable, y que Rabadán Calderón depositó en su cuenta particular. Hasta el momento no se ha explicado porqué el entonces director de este organismo depositó este cheque a su cuenta.

Por otro lado, hace unos días el Cabildo autorizó elevar las tarifas del Sistema de Agua Potable al doble; mientras que el gobierno municipal pidió un millonario crédito por 300 millones de pesos con el que el edil anunció que se pavimentarían calles, se mejoraría el Sistema de Agua Potable, se construiría un mercado municipal nuevo, entre otras cosas.

Sin embargo, a nueve meses de que inició esta administración municipal, no se ha llevado a cabo ninguna sola obra pública, y sí se aumentó el costo de los servicios y multas.

Un ejemplo del abuso en el que incurre la administración municipal es el trató que ha realizado con “Grúas Guzmán”, que cobra mil 200 pesos por el arrastre de un vehículo al corralón, cuando lo máximo a cobrar, según establece la Ley de Ingresos que aprobó el Congreso del Estado el pasado diciembre, son 10 salarios mínimos, es decir 500 pesos.

Con tal de permitirle el endeudamiento, los diputados conformaron una comisión especial que daría seguimiento al uso que se le dará al crédito y la inversión en obras públicas; pero la propia diputada Jessica Ortega de la Cruz, del Partido Convergencia, reconoció que hasta el momento el edil no les ha informado nada, e incluso los diputados desconocen si el gobierno municipal ya recibió el dinero de ese crédito.