De acuerdo con el secretario de esta comisión, Fernando Martínez Cué, los diputados podrían incurrir en responsabilidades al dictaminar las cuentas públicas, ya que los actos que en estos momentos realice el auditor superior podrían estar “nulos de origen”.

Hace dos semanas, Casamata Gómez entregó a los legisladores el resultado de las auditorías realizadas a 33 ayuntamientos y adelantó que al menos 24 de éstos tienen problemas con el ejercicio fiscal del 2008.

Al entregar las cuentas, el auditor superior dijo que su trabajo había culminado y que sólo faltaba que los integrantes de la Comisión de Hacienda dictaminen cada una de las cuentas públicas.

Sin embargo, Martínez Cué recordó que hace unos días el Juzgado Primero de Distrito informó al Congreso del Estado de la orden de aprehensión en contra del auditor; por lo que se instruyó al área jurídica a hacer un análisis completo para determinar la situación legal del funcionario.

“La cosa es que por el momento no podemos avanzar en dictaminar las cuentas públicas, porque según los abogados hay riesgo de que todos los actos realizados por el auditor estén nulos de origen por el problema legal que enfrenta”, agregó el diputado.

El priista dijo que se acordó no continuar por el momento con la revisión de las cuentas públicas, porque la incertidumbre legal del auditor podría provocar que los funcionarios de las pasadas administraciones municipales que presuntamente están involucrados en desvíos de recursos, puedan promover amparos y quedar impunes.

“Es preferible esperarnos, aunque esto implique retrasarnos en el trabajo, y por eso precisamente es que hemos apurado al área jurídica para que nos informe con certeza si no incurrimos en algún tipo de responsabilidad al dictaminar las cuentas públicas”, dijo Martínez Cue.