Las tres mujeres estuvieron encarceladas desde enero pasado en el penal de Atlacholoaya del municipio de Xochitepec, pero este martes fueron puestas en libertad porque las tres jueces que integraron el tribunal consideraron que no había pruebas en su contra.

Las declaraciones que rindieron testigos fue la clave para no poder fincarles responsabilidades, pues ninguno de éstos dijo ser testigo de la entrega del dinero.

En enero, este caso llamó la atención de los medios de comunicación porque se habló de la posibilidad de que inspectores del Ayuntamiento capitalino estuvieran coludidos para llevar una serie de extorsiones en agravio de los comerciantes.

Y es que la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro, al dar a conocer los antecedentes, refirió que el pasado 3 de enero, tres hombres con uniformes del ayuntamiento acudieron a la calle Huayacan, en el Centro de Cuernavaca –según señala el expediente, aunque la única referencia de calle con ese nombre en la capital se ubica en la colonia Arboleda Chipitlán, al sur de la ciudad– para clausurar la tienda de abarrotes “Don Beny”, propiedad de Beatriz, pero no había un aparente motivo.

Liliana “N”, empleada del ayuntamiento capitalino, llegó al lugar y se ofreció interceder para que la tienda no fuera clausurada, pero le pidió a la propietaria cinco mil pesos para ayudarle con la gestión, dinero que le fue entregado.

El expediente judicial JO/209/2015 refiere que tres días después, la dueña de la tienda comenzó a recibir llamadas en las que le exigían otros 15 mil pesos, ya que de lo contrario irían los inspectores a hacer la clausura.

La dueña de la tienda accedió a entregar los 15 mil pesos y para ello hizo una cita con Liliana “N” afuera del ayuntamiento capitalino, en la calle de Netzahualcóyotl, también en el Centro de Cuernavaca, pero solicitó el auxilio de la Policía y fue así como detuvieron a Liliana “N”, Ana “N” y Tesy “N”, todas ellas empleadas de la comuna.

En el proceso probatorio no se logró acreditar que las mujeres presionaron a la víctima e incluso tampoco se logró acreditar que éstas hayan recibido el dinero, no obstante que los policías encargados de la aprehensión, al rendir su informe, aseguraron que las imputadas traían entre sus pertenencias los 15 mil pesos que tenía que entregarles la dueña de la tienda.

Cuando la juez redactora señaló que no se encontró responsabilidad penal, las personas que asistieron a la Sala Dos de Juicios Orales no pudieron contener su alegría y aplaudieron, por lo que fueron reprendidas al señalarles que de continuar con la misma conducta, tendrían que abandonar la sala.

Posteriormente, el Tribunal ordenó la inmediata liberación de las empleadas, quienes estuvieron encarceladas desde el día de su aprehensión.