A petición del presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, los ministros que integran el pleno determinaron posponer la discusión sobre los amparos a los bancos hasta el 5 de abril y resolver en la sesión de este jueves –última antes del periodo vacacional de Semana Santa- el incidente de suspensión, por su relevancia y urgencia ante la situación que prevalece en el Tribunal Superior de Justicia.
“(…) quisiera pedirles muy atentamente que en la sesión del próximo jueves en la que yo no estaré y que me hará favor de presidir el señor Ministro Aguirre Anguiano, vieran una lista emergente, hay un asunto muy importante y urgente que presenta el señor Ministro Silva Meza en relación con una controversia constitucional, ojalá estén de acuerdo en que esto se vea, se refiere al tema de suspensión”, dijo el ministro presidente y recibió la aprobación del resto de los integrantes del pleno.
Congreso, imposibilitado para frustrar designación
Por su parte, la Barra de Abogados y el magistrado designado Carlos Iván Arenas expresaron que el Congreso no tiene facultades para echar abajo los nombramientos hechos por la legislatura anterior de seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita un veredicto final.
Y es que según el diputado Javier Mójica Toledo, está listo el dictamen para reformar los artículos 89 y 92 de la Constitución local para fijar nuevos criterios de designación de magistrados y frustrar los nombramientos de los ya designados.
En este sentido, el presidente de la Barra de Abogados Carlos de la Rosas Segura y el magistrado designado Carlos Iván Arenas coincidieron en que la reforma no puede anular las designaciones, en virtud de que es un asunto que está en litigio y que corresponderá al Alto Tribunal resolver.
Además, recalcó el magistrado Arenas, se trata de una reforma que requiere de la aprobación del Constituyente, es decir no sólo del Congreso sino de los 33 cabildos.
Consideró que es una maniobra desesperada del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, que al no lograr por la vía jurídica sus propósitos, ahora intenta hacerlo por la vía política.
Sin embargo, subrayó, fue Ricardo Rosas quien decidió llevar esto a los tribunales y ahora tiene que asumir las resoluciones que emita la Corte.
