Incluso, de corroborarse estas irregularidades, los peritos habrían incurrido en un daño doloso, que podría ser reclamado por la vía civil y penal.

De acuerdo con una investigación de La Unión de Morelos, los peritos encabezan la lista de servidores públicos acusados de incurrir en irregularidades. La mayoría de las quejas son en contra de peritos fotógrafos por el uso indebido del material que obtienen durante el desempeño de sus labores, al filtrar y vender a un medio de comunicación imágenes de los cadáveres de las víctimas del delito.

Incluso, familiares de las víctimas han presentado quejas ante la Visitaduría de la PGJ debido a que las fotografías difundidas en dicho medio son las mismas que constan en las carpetas investigación, lo cual atenta contra los disposiciones del Código de Procedimientos Penales, que ordena la secrecía de las evidencias (incluyendo las imágenes de los occisos) y las investigaciones.

Al respecto, el procurador de Morelos Pedro Luis Benítez Vélez condenó la venta de material fotográfico por parte de personal de Servicio Forense, que advirtió será investigado luego de las denuncias interpuestas por familiares de personas que han fallecido en situaciones lamentables y cuyas fotografías aparecen en un periódico local.

Precisó que no ha tenido acceso a los expedientes “pero si están las denuncias, actuaremos con todo el peso de la ley, porque es una irregularidad que los peritos dispongan del material fotográfico que debe manejarse con todo sigilo y discreción, porque la mayoría de ellas parte de las indagatorias o de las carpetas de investigación”.

Agregó que “ningún perito está autorizado a disponer de las fotografías y menos comerciarlas”, incluso detalló que desde el pasado mes de enero se expidió un reglamento, que los peritos deben cumplir sobre el manejo de los cadáveres.

Lamenta CDHEM irregularidades

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Lucero Benítez Villaseñor, informó que abrirá una queja de oficio para solicitar a la procuraduría un informe sobre estas presuntas irregularidades, en las que aparentemente habrían incurrido algunos miembros del Servicio Médico Forense.

Expresó que sería muy lamentable que servidores públicos hubieran incurrido en este tipo de actos que atentan contra los derechos y la dignidad de los occisos o víctimas de delito, así como de sus familias.

Ante ello, indicó que la dirección de quejas de la Comisión iniciará el procedimiento correspondiente, para solicitar a la procuraduría un informe y una investigación.

La ley protege la privacidad y dignidad de las personas

El presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, detalló que el nuevo sistema de justicia penal vela por la protección de la intimidad y la dignidad de las personas, tanto de los imputados como de las víctimas del delito.

Es decir, bajo el principio de presunción de inocencia los acusados tienen derecho a la reserva de su identidad; de igual forma, recalca la protección de los derechos e identidad de las víctimas del delito.

Indicó que la legislación penal en el sistema acusatorio adversarial ordena la secrecía de las investigaciones y si los peritos son quienes filtran y venden fotografías, entonces habrían incurrido en responsabilidades y podrían ser demandados por daño doloso, al igual que el medio que la publica.

“Habría que ver el origen de las fotografías, muchas de las fotografías son vendidas, como sucedió en el caso del futbolista Salvador Cabañas, para ser publicadas para obtener un beneficio económico y eso es dolo, que puede ser reclamado por la vía civil, porque el ofendido o la víctima tienen derecho a la protección de privacidad e intimidad”, dijo al señalar que tienen el derecho a la intimidad, lo que implica que sus datos y la identidad no deben revelarse, de los contrario ello podría originar responsabilidad tanto para los peritos como para el medio que publica las fotos.