Tras la notificación a la Fiscalía y al no haberse promovido ningún juicio de revisión constitucional contra la resolución del tribunal electoral, el fiscal del estado, Rodrigo Dorantes Salgado, informó que la institución está en condiciones de solicitar a los jueces de control de juicio oral del primer y segundo distritos judiciales de Cuernavaca y Jojutla que se abra la audiencia de la formulación de imputación contra los legisladores Martínez Garrigós (acusado del delito de peculado) y Alfonso Miranda Gallegos (imputado por los delitos de abuso y ultrajes a la autoridad).
Dorantes Salgado recordó que en meses pasados los jueces rechazaron la petición de la fiscalía de formular imputación a los legisladores porque alegaban que ambos tenían protección constitucional, pero con la resolución del Tribunal Estatal Electoral hay elementos para que los juzgadores den entrada a la petición.
“Acuérdense que lo hicimos en los dos asuntos; y vuelvo a insistir: nosotros respetamos la resolución de la juez de la zona sur, que es la que dijo que acudiéramos al Congreso porque tenían fuero los diputados o el diputado de la zona sur. Entonces, ahora que se resolvió, vamos a repetir el procedimiento para que el juez de control de aquella zona, que le toca al diputado Miranda, y aquí en la zona metropolitana al diputado Garrigós, se les cite para que comparezcan”, explicó.
Dijo que los legisladores están en su derecho de presentar sus alegatos e iniciar las acciones legales que convenga a sus intereses para defenderse de las imputaciones.
El fiscal agregó que la próxima semana formalizará las solicitudes para llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación a los dos diputados y serán los jueces de control y juicio oral los que fijen la fecha y hora de las comparecencias.
El pasado 11 de febrero, los magistrados del Tribunal Electoral de Morelos aprobaron, por unanimidad, los proyectos de resolución de los juicios para la protección de los derechos político-electorales TEE-JDC-052/2014-2 y TEE-JDC-053/2014-2, promovidos por Manuel Martínez Garrigós y Alfonso Miranda Gallegos contra el dictamen de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, por el cual se declaró procedente la causa contra los diputados por la probable comisión de delitos durante el tiempo de su encargo y remitió a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado para incoar procedimiento conforme a la Ley de Responsabilidades del Estado de Morelos, es decir, el desafuero.
El TEE resolvió que en una interpretación del artículo 136, párrafo I, de la Constitución local, los enjuiciantes no gozan de inmunidad o fuero constitucional por encargo de diputado local y, en consecuencia, resultaba improcedente la formación causa vía juicio de procedencia por la probable comisión de un delito de fuero común.
El magistrado presidente del TEE, Hertino Avilés Albavera, señaló que esta sentencia sienta un precedente relevante porque es la primera vez que el órgano jurisdiccional resuelve un asunto de esta naturaleza.
“En realidad el tribunal electoral está debutando en la competencia de conocer actos legislativos, es un tema nuevo, pero consideramos que con las nuevas facultades jurisprudenciales que tiene el tribunal es oportuno un pronunciamiento de esta naturaleza.”
Rodrigo Dorantes precisó que estas resoluciones pudieron haber sido examinadas a través de un juicio de revisión constitucional o juicio electoral, pero su plazo para la promoción ya pasó para ambas partes. Sin embargo, “no paso de vista que si alguno de ellos, sobre todo los particulares, consideraran que la resolución no es conveniente a sus intereses, todavía estaría corriendo el término para un amparo, que tiene como plazo el de 15 días. Pero hasta el momento no hemos tenido conocimiento de que nuestras sentencias hayan sido impugnadas”.
En tanto, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, consideró que la resolución del Tribunal Electoral abre la puerta para que funcionarios de alto nivel (incluyendo los magistrados del Poder Judicial) puedan ser imputados y procesados por delitos del orden común.
“Lo que podría pasar ahora en consecuencia, si las condiciones legales, si ésta es la última interpretación de esta modificación que hubo a la Constitución, pues lo que implicaría sería que se puedan judicializar directamente a cualquier funcionario de alto nivel: diputados, magistrados, procurador, etcétera”, dijo.
