La justicia oral determinó que el que fuera encargado de vigilar el correcto uso del presupuesto público, propició las condiciones para que el presidente municipal de Puente de Ixtla, Julio Espín Navarrete, no devolviera a las arcas municipales la cantidad de nueve millones 400 mil pesos, ya que no repuso un expediente que se extravió en el 2009.

La semana pasada, el Tribunal de Juicios Orales integrado por Berta Vergara Álvarez, Elvia Terán Peña y Martín Domínguez Casarrubias, determinó que el ex auditor era responsable del delito de ejercicio indebido de la función pública, pero fue este miércoles 28 de enero cuando se dio a conocer que el ex funcionario fue condenado a tres años de prisión, el pago de una multa y además la reparación del daño provocado al ayuntamiento de Puente de Ixtla, que es de más de nueve millones de pesos.

Además Casamata Gómez fue inhabilitado por el órgano jurisdiccional por dos años, tiempo en que no podrá trabajar en ninguna dependencia pública de los tres niveles de gobierno.

El miércoles de la semana pasada fue cuando se dio lectura a la sentencia, sin que los jueces señalaran los años de prisión, uno de los jueces se inconformó y votó a favor de exonerarlo de los cargos que le ha imputado la Fiscalía General del Estado (FGE), al considerar que sí bien era cierto que se extravió el documento, ese no era pretexto para que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGE) no ejercitara la acción legal en contra del alcalde de Puente de Ixtla por el delito de peculado.

En el transcurso del juicio, la ministerio público asignada al caso presentó testigos que declararon en contra del ex funcionario, pues éstos refirieron que como empleados de la ASF, le entregaron un oficio en el que le informaban del extravío del expediente.

Sin embargo la defensa alegó que se alteraron los libros para que su cliente apareciera como el responsable, pero que él desconocía de la pérdida de los documentos e incluso cuando dejó el cargo no le permitieron realizar el proceso de entrega-recepción.

Según los argumentos de la FGE, al extraviarse los documentos de la auditoría correspondiente al 2003 (cuando Espín Navarrete fue alcalde de Puente de Ixtla por primera ocasión), se dio pauta a que éste promoviera un amparo en el que la justicia federal determinó que por el paso del tiempo se extinguió toda acción legal en su contra y con ello no se le pudo obligar a regresar los nueve millones 400 mil pesos.

Ayer únicamente le dio lectura a los puntos resolutivos de la sentencia la juez Berta Vergara, quien señaló que el sentenciado puede promover otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y buscar ser absuelto de su condena.

Al término de la audiencia, los abogados de Casamata Gómez dijeron estar inconformes con el pago de nueve millones 400 mil pesos como reparación del daño, pues afirman que independientemente del extravío de los documentos, la entonces PGJE pudo ejercitar acción penal contra el munícipe para recuperar el dinero que no logró solventar durante la auditoría que corresponde de enero a mayo del 2003.

Casamata Gómez no estará preso porque depositó una fianza de 250 mil pesos, la que le permitirá gozar de su libertad.