La audiencia estaba programada en la Sala Cinco, en el Centro de Cuernavaca, con el propósito de que los imputados y la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos anunciaran las pruebas que se desahogarán en el juicio oral, que tendría que iniciar en este mes.

El ex secretario de los gobiernos de Sergio Estrada Cajigal Ramírez y Marco Adame Castillo no asistió a la audiencia, ya que su abogado informó que en ese momento exhibiría una constancia médica que refiere que el ex funcionario tiene que guardar reposo por diez días debido a una enfermedad.

Tras declarar como iniciada la audiencia, la juez penal del Primer Distrito Judicial, Elvia Terán Peña, fue informada, además, que los seis indiciados promovieron un amparo con el propósito de dejar sin efecto el auto de vinculación a proceso que les fue dictado el pasado 4 de mayo de 2014.

Ayer venció el plazo que otorgó la juez Terán Peña para culminar la investigación en contra de los seis ex funcionarios panistas, entre los que se encuentra el otrora legislador del Partido Acción Nacional (PAN) Rey David Olguín Rosas.

La fiscal Helena Pérez Martínez indicó en la audiencia que los seis imputados están relacionados con el expediente judicial JC/300/2014 por un peculado superior a los 90 millones de pesos que pagó la pasada administración a una empresa para la adquisición de un programa de armonización contable.

La acusación está centrada en el hecho de que en la recta final de la pasada administración se adquirió dicho programa con la empresa “Monedero Universal”, el cual fue pagado en su totalidad, pero no se cumplió con la entrega del mismo.

En la pasada audiencia de mayo, la defensa de los ex funcionarios alegó que la contratación de dicho servicio fue autorizada por un comité de Adquisiciones y no por sus defendidos, razón por la cual los seis señalados no tienen por qué enfrentar el juicio.

Tras saber que los imputados promovieron un recurso de revisión de un amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, la juez Terán Peña optó por suspender la audiencia, pues puede ser que los ex funcionarios ganen el amparo y con ello se suspenda el juicio en su contra.