El caso del abogado particular, Jorge Armando González González, es el primero (desde que se implementaron los juicios orales en Morelos, en el 2009), que dejó la audiencia sin haber sido revocado por su cliente, de tal modo que tuvo esperando dentro de la Sala de Juicios Orales al juez, imputado y Ministerio Público más de una hora hasta que contestó la llamada del personal del Poder Judicial, a los que le dijo que no regresaría a la audiencia porque el juez le había dado un término de 3 meses para conocer detalles del juicio.

El juez Tomás Mateo Morales, antes de multar al litigante afirmó que él nunca tuvo contacto con el defensor, ni mucho menos le dio un término de 3 meses para conocer detalles del caso, “y además de que se aprecia una mentira, también se puede presumir que hay desconocimiento total en materia de juicios orales”.

La Fiscalía de Asuntos Especiales ayer solicitó al juez aplicar dicha multa, pues indicó que incluso con su actitud incurrió en delitos que están previstos en los artículos 238 y 239 del Código Penal del Estado de Morelos.

Y es que González González, el pasado 10 de diciembre al iniciar la audiencia protestó el cargo de abogado particular de Carlos “N”, que fue detenido con Guillermo “N”, acusados de haber robado cinco millones de pesos a la ex diputada federal y candidata al gobierno del estado por el PRI, Maricela Sánchez Cortés.

El litigante solicitó un receso de 30 minutos que le fue concedido por el juez, pues necesitaba leer los cargos que pesaban sobre su cliente para iniciar su defensa, pero éste abandonó la Sala 6 de Juicios Orales, sin haber sido revocado.

El juez reinició la audiencia, pero el abogado no se presentaba, así que después de una hora de espera ordenó a su personal llamar al teléfono celular del profesionista, pero éste contestó que no regresaría porque el juez le dio tres meses para leer el expediente y allegarse de pruebas.

La ministerio público consideró que con su actitud el defensor provocó un daño a su cliente Carlos “N”, porque este tuvo que revocarlo y solicitar ser  defendido por un abogado proporcionado por el Estado.

Carlos y Guillermo fueron vinculados a proceso, ya que el juez consideró que hasta ese momento todo parecía indicar que fueron ellos quienes tomaron el  dinero que estaba guardado en la casa de la diputada federal del PRI, Maricela Velázquez Sánchez, quien es hija de la propietaria del dinero.

Sin embargo, la audiencia de ayer que se llevó a cabo a las 14: 30 horas en la Sala 7, tenía el propósito de pedir la sanción para el abogado, pero también designar un nuevo defensor particular a Carlos.

“En este momento giro oficio a la Subsecretaría de Ingresos del Gobierno, para que sea esta instancia la que cobre la multa al abogado y haga llegar el dinero posteriormente al Fondo Auxiliar Para la Justicia”, agregó el juez, pero también señaló que en caso de existir un delito es obligación de la Fiscalía General del Estado iniciar la carpeta de investigación correspondiente.