En la clausura del juicio oral por el homicidio de Amador “N”,  cometido el 17 de mayo del 2013, el fiscal indicó que no obstante que está comprobado que en el mismo participaron en total tres jóvenes, Sergio Pablo “N” (único detenido) tuvo una participación activa en el ilícito, a pesar de que ha intentado evadir su responsabilidad.

La defensa alegó que su cliente no puede ser condenado por el homicidio, ya que si bien es cierto que él viajaba en el mismo auto, nunca tuvo participación en los hechos, pues todo se derivó de una discusión que tuvo un ocupante del vehículo con el elemento de seguridad privada.

Sin dar a conocer muchos detalles de la investigación, el fiscal del caso narró que el día de los hechos tres hombres que viajaban en un automóvil Tsuru de la marca Nissan llegaron a un fraccionamiento en el poblado de Ahuatepec, al norte de Cuernavaca,  en el que la víctima laboraba como empleado de seguridad, donde tenía como encomienda pedir informes e identificaciones a las personas que llegaban al fraccionamiento y que no tienen propiedades en el lugar.

De acuerdo al representante de la Fiscalía Contra homicidios, los tres ocupantes entraron al fraccionamiento y uno de ellos se identificó, pero al salir el vigilante tuvo un intercambio de palabras con los ocupantes del Tsuru.

Entonces, los tres jóvenes bajaron del auto y uno de ellos disparó en dos ocasiones en el abdomen del vigilante, quien estuvo en coma cuatro días en el hospital general “José G. Parres”.

Según la Fiscalía hay un video que fue anexado al juicio en el que se comprueba como el vigilante fue víctima de un ataque.

“Se puede apreciar como los atacantes llevan la intención de dañar la integridad del elemento de seguridad y eso quedó bien acreditado, aunque la defensa exponga que nunca existió la intención por parte de su defenso”, dijo el fiscal.

El Tribunal de Juicios Orales consideró que tanto la Fiscalía como la defensa han agotado las pruebas anunciadas hace dos meses en la audiencia intermedia y por ello pidió a las partes estar atentos para emitir la sentencia, la cual tendrá que ser dada a conocer la próxima semana.

Finalmente la Fiscalía consideró que quienes privaron de la vida al agente de seguridad privada deben pagar a su familia más de dos millones de pesos, pues el agente apenas iniciaba con su vida laboral, además de que se solicitó la pena máxima por el homicidio, que en Morelos se sanciona hasta con 70 años de cárcel.