El pasado 12 de este mes en la única Sala de Juicios Orales del TSJE, se desahogó el recurso de apelación que interpusieron los defensores de Casamata Gómez, quienes se quejaron porque el juez Arturo Ampudia Amaro se negó a recibir pruebas de descargo de su cliente y que según los defensores son vitales para demostrar su inocencia.

Los magistrados de la Primera Sala del TSJE, Rocío Bahena, Rubén Jasso y Carmen Cuevas, le dieron la razón al ex funcionario, quien alega que con esas pruebas demostrará que la irregularidad que le imputan no la cometió él sino su sucesor.

Las pruebas que se anexarán al juicio oral que iniciará a mediados de enero son: un oficio de la Dirección General de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), en el que se reconoce que al momento de dejar el cargo el expediente que se perdió sí se encontraba en archivos, así como otro documento de entrega-recepción.

Gerardo Casamata Gómez es llevado a juicio por la Fiscalía General del Estado que lo acusó de haber extraviado un expediente de una auditoría realizada en el 2000 al municipio de Puente de Ixtla, en ese entonces gobernado por el actual edil Julio Espín Navarrete, lo que permitió que éste último lograra obtener un amparo que declaró sobreseído el procedimiento en su contra.

En la causa penal JC/826/2013, el agente del Ministerio Público ha ofrecido diversos antecedentes, entre ellos el hecho de que Casamata Gómez tenía conocimiento sobre el extravío del expediente, al señalar que fue informado por el personal de la Auditoría Superior de Fiscalización tanto verbalmente como mediante un escrito

En tanto, la defensa del ex funcionario ha alegado que no era responsabilidad del actual auditor iniciar la denuncia, por eso han pedido anular todo lo actuado, pues insisten que tuvo ser otra área del Congreso del Estado la que debió iniciar la querella.

“Durante el desempeño de mis insignias siempre las realice con apego a la normatividad y a las leyes que rigen la fiscalización de las cuentas públicas. Y niego y desconozco los hechos que se imputan por parte de la Auditoría Superior y de la propia Procuraduría General de Justicia”, afirmó en su declaración que rindió ante el juez el ex auditor.

La FGE ha insistido que Gerardo -en su calidad de auditor- no verificó que tanto el ex alcalde Julio Espín, así como el tesorero Roberto Montes Cortés, fueran informados de que tenían que resarcir el daño de las irregularidades por un monto de nueve millones 478 mil 513 pesos.

Por lo que al transcurrir el tiempo, se logró que se diera la prescripción y actualmente ya no se puede obligar a las pasadas autoridades para el resarcimiento del daño, por lo que determinó sujetarlo a proceso.

De esta manera y por petición de la defensa, se otorgaron cuatro meses para el cierre de la investigación, el cual vencerá hasta el 23 de abril del 2014, mientras tanto Casamata Gómez enfrentará en libertad su proceso, no obstante para ello debe pagar 250 mil pesos, así como no salir del estado.

El pasado 2 de noviembre se llevó a cabo la audiencia intermedia, en la que el juez rechazó las pruebas anunciadas por Casamata Gómez, por ello recurrió a la apelación, ganando el recurso que le permitirá anexar pruebas.

Finalmente se informó que será el próximo 8 de enero, cuando a las 12 horas se celebre la audiencia de apertura de juicio oral en la que ambas partes presentarán su teoría del caso.