Eleazar Velázquez Rodríguez, así como Giovanni López Martínez, ayer fueron presentados ante el juez de Ejecución de Sanciones Arturo Amaro Ampudia, pues hoy 19 de noviembre termina la sentencia de cuatro años que les impuso un Tribunal de Juicios Orales por asaltar con un arma y con uso de violencia una gasolinera.

Incluso sus defensores pidieron el beneficio de no pagar la multa de 120 días de salario mínimo para cada uno de ellos, a cambio de realizar trabajos a favor de la comunidad por varias semanas.

Sin embargo en plena audiencia el representante de la Fiscalía General del Estado (FGE), que se hizo acompañar de un funcionario de la Coordinación de Reinserción Social, le hicieron saber al juez de la causa que el robo en mención fue cometido con un arma de grueso calibre que es de uso exclusivo del Ejército y que de ello se enteró a la Procuraduría General de la República (PGR) para sentenciarlos por dicho delito que tiene una pena de hasta diez años de prisión.

Antes de tomar la decisión, el juez Ampudia Amaro leyó los antecedentes, en los que señaló que ambos sentenciados optaron por irse a un juicio abreviado para reducir la pena de 12 a cuatro años, y que hoy cumplen la sentencia; pero también informó que meses antes pidieron su libertad anticipada, pero que un Consejo Técnico Interdisciplinario se las negó, porque a juicio de los especialistas, éstos no estaban preparados para ser reinsertados a la sociedad.

Incluso refirió que los dos sentenciados se declararon insolventes para pagar los 120 salarios mínimos como reparación del daño y por ello solicitaron realizar trabajos como pintar aceras, limpiar calles, entre otros, pero ayer retiraron dicha petición porque sus abogados indicaron que primero promoverán nuevamente la libertad anticipada por el delito federal.

Los dos sentenciados se veían mutuamente en señal de asombro, pues consideraban que hoy alcanzarían su libertad, ya que al declararse culpables la promesa fue que estarían en prisión cuatro años.

Por ello el juez tuvo que explicarles su situación jurídica, al señalarles que la sentencia fue sólo por un delito, pero la portación de arma es un ilícito que se persigue por las autoridades federales y por ello continuarán recluidos en el penal de Atlacholoaya en el municipio de Xochitepec hasta purgar su otra sentencia.