Después de que en tres ocasiones se pospuso la audiencia intermedia para que las partes llegaran a un acuerdo sobre las pruebas a desahogar, finalmente se acordó que a partir de la próxima semana iniciará el juicio en contra del ex funcionario.

La Fiscalía General del Estado logró llevar a juicio al ex funcionario al acreditar que derivado de la revisión de la cuenta pública del municipio de Puente de Ixtla correspondiente al año 2003, se detectó un mal uso de recursos del orden de los nueve millones 500 mil pesos, cuyo gasto no pudo ser soportado.

En la audiencia intermedia, el defensor de Casamata Gómez expuso que su teoría del caso estará basada en que no fue su representado el que sustrajo el expediente que estaba bajo resguardo de otros empleados de la dependencia y que serán citados a comparecer a juicio para deslindar responsabilidades.

“Pero independientemente de ello, se están violentando otras normatividades, porque en un momento dado hay otras instancias que antes debieron deliberar sobre si el imputado tiene o no responsabilidad”, agregó el defensor.

Y es que la FGE alegó, a través de su representante, que de acuerdo con la ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos y otras leyes, el auditor es el encargado del resguardo de los documentos.

“El no haber dado aviso del extravío y no buscar su reposición dio pauta a que el edil solicitara un amparo para promover la prescripción de la acción y esto a final de cuentas provocó un grave detrimento patrimonial a las arcas”, argumentó la Fiscalía en su razonamiento.

El pasado 26 de diciembre, el ex auditor –que fue removido del cargo por la anterior Legislatura no obstante que su nombramiento era por seis años– fue vinculado a proceso y le fue fijada una fianza de 250 mil pesos para enfrentar su proceso en libertad.

La audiencia intermedia se celebró con el propósito para que ambas partes anunciaran que buscarán comprobar con las declaraciones de los testigos y otras pruebas periciales.

En cuanto al edil, Julio Espín Navarrete, en el año 2000 fue electo por primera ocasión presidente municipal de Puente de Ixtla, y el extravío de dicho expediente le benefició porque no fue obligado a reintegrar los nueve millones de pesos, pero además le permitió contender nuevamente para el cargo, al no haber sido inhabilitado.

Finalmente, se informó que será a partir de la próxima cuando inicie el desfile de testigos para llegar a la sentencia, antes de diciembre.