En el recurso de casación que se dio a conocer en la única Sala de Juicios Orales del penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, los abogados particulares insistieron que no se puede encuadrar la conducta del plagio, ni mucho menos el homicidio, pues la Fiscalía Contra el Secuestro en ningún momento acreditó su participación y únicamente fueron señalados como las personas que acudieron a cobrar el rescate, aunque lo anterior, según los abogados, tampoco quedó plenamente acreditado.
Lo paradójico, indicó la defensa, es que cuatro personas que reconocieron su participación en el plagio y homicidio recibieron una pena de 16 años con 8 meses, mientras que sus clientes no fueron ubicados en tiempo, lugar y circunstancias y un Tribunal de Juicios Orales los condenó a 70 años.
Rosa Angélica García Ramírez y Arnulfo Bonifacio Núñez, según la Fiscalía General del Estado, cobraron en el municipio de Emiliano Zapata el rescate del ingeniero, pero días después éste fue encontrado sin vida.
Sin embargo, la defensa en sus argumentos que están asentados en el número de toca 168-A-O, señalan que por una incorrecta defensa los dos imputados no pudieron demostrar en el transcurso del juicio oral que el día y hora en el que se cobró el rescate, ellos se encontraban en otro lugar.
“Las pruebas son imprecisas porque las personas que señalan a mis clientes, dicen que fue de noche y los vieron como a 30 metros de distancia en una calle muy oscura y eso es imposible”, indicó.
De acuerdo al expediente judicial un día antes de que el Tribunal de Juicios Orales, en el pasado agosto dictara la sentencia, el abogado renunció a la defensa, por tener desacuerdos con sus clientes, pues éstos se quejaron porque no se desahogaron las pruebas de manera correcta.
De acuerdo a los magistrados la sentencia que se emitió en primera instancia es la correcta, pues a su juicio sí se valoraron pruebas; sin embargo refirieron que quedan libres los derechos de los imputados para recurrir a un amparo directo.
Finalmente los abogados de los sentenciados consideraron que es injusto que quienes aceptaron su responsabilidad en el homicidio y secuestro hayan recibido una sentencia de 16 años, mientras que a sus clientes, a quienes (según los litigantes) no se les logró demostrar el delito “más allá de toda duda razonable” enfrenten una pena de 70 años.