Sobre el caso, el líder de la Alianza de Transportistas, Enrique Ramos Zepeda, consideró que "en la penalización de la actividad del pirataje por lo menos se debe aplicar una sanción mínima de cinco años de cárcel, a fin de que no se alcance fianza (sic), porque ese fenómeno se ha vuelto insoportable. Nosotros estimamos en más de cuatro mil las unidades irregulares y esto es inaceptable".

Pero destacaron que "no podemos comprometernos a modificaciones profundas si enfrentamos una competencia desleal, que no nos permite invertir en la mejora de la calidad y de unidades del rubro".

El subsecretario les recordó que ya se han hecho trámites que van en busca de combatir las irregularidades en la prestación del servicio, pero Ramos Zepeda aclaró: "es curioso, pero somos los transportistas quienes venimos presionando al Gobierno para que aplique un proyecto efectivo de transformación en el medio".

Destacó que anular la entrega de permisos durante esta administración acabaría con la especulación de vividores, que medran a base del engaño contra aquellos que llegan a creer en sus promesas.

Pero reiteró que "las autoridades competentes tienen que tomar acciones verdaderas, emitir un decreto de obligatoriedad en la instalación de equipos de conteo de boletos, sólo hay unos 350 ahora, su costo es de 40 mil pesos, no es tan gravoso".