Lo anterior ha provocado la molestia de los sindicatos, que aseguran que hay una política de hostigamiento contra la clase trabajadora, ya que la administración se niega a pagar apoyos como vales de despensa, con el pretexto de que no hay suficientes recursos, pero por otro lado ofrece liquidaciones al 100 por ciento, lo que significa una erogación millonaria.

“No es posible que nos ofrezcan una liquidación al 100 por ciento, pero por otro lado nos digan que no tienen para cubrir las prestaciones. Tal parece que es una trampa, que a final de cuentas le costará mucho dinero al municipio, porque los que acepten y si no les cumplen tarde o temprano ganarán la demanda”, indicaron los empleados.

El secretario general del Sindicato Auténtico de Trabajadores al Servicio del Municipio de Jiutepec, Efrén Arroyo Alba, reconoció que hay rezagos en el pago de prestaciones, e incluso al inicio de la actual administración que encabeza Silvia Salazar Hernández tuvieron que cerrar la avenida Paseo Cuauhnáhuac para manifestarse por la falta de seriedad del gobierno municipal.

Algunos trabajadores manifestaron que la propuesta de la edil tiene un trasfondo político, porque ella ha roto relaciones con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y seguramente pretende brindar su apoyo al próximo candidato a la alcaldía del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), “y la idea es quitar a todos aquellos que fueron contratados en administraciones panistas o perredistas”.

La circular en mención fue enviada a todas las dependencias el pasado 27 de agosto y es una invitación para el personal sindicalizado y de confianza, y la única condición es que la renuncia la presenten antes del 14 de octubre, y a cambio se les dará una liquidación al 100 por ciento, cuando esa es una prestación de la goza cualquier trabajador.

De hecho, la Ley del Servicio Civil (que es la que rige a los burócratas), establece una liquidación de tres meses, más la parte proporcional del aguinaldo, y 10 días por cada año trabajado, lo que significa una enorme erogación presupuestal en caso de que los empleados en realidad sean liquidados a un 100 por ciento como señala la circular.