La defensa del ex funcionario solicitó a la juez de Control otorgar un mes más para cerrar la investigación del caso, ya que insistió que debido a lo complejo del asunto se tienen que allegar de documentos que fueron solicitados a través de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales que todavía no le han sido otorgados.

El pasado 24 de diciembre del 2013, Casamata Gómez fue llevado ante un juez de Control, el cual determinó que ante las pruebas exhibidas por la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se podía presumir que hay suficientes indicios para suponer que Casamata Gómez sabía del extravío mencionado y que ello provocó que el actual presidente municipal no fuera obligado a devolver al erario público nueve millones 418 mil pesos.

En sus alegatos ante el juez de la causa, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha insistido que al  transcurrir el tiempo el asunto contra Espín Navarrete prescribió y actualmente ya no se puede obligarlo a resarcir el daño, por lo que consideró que su conducta omisa provocó un daño al erario público.

La defensa del ex auditor ha insistido  que no que corresponde a su sucesor iniciar la denuncia por el extravío del documento, sino a otra área del Congreso del Estado.

Además, Gerardo Casamata en su momento procesal decidió rendir su declaración y reconoció que en su momento fue el auditor superior, sin embargo, refirió que la responsabilidad de vigilar los expedientes era del encargado del archivo.

La juez en su momento otorgó un periodo de cuatro meses para terminar la etapa de investigación a solicitud de las partes, pero en la audiencia del pasado martes el abogado de Casamata Gómez, explicó que no ha recibido toda la documentación que ha requerido a varias dependencias, y por ello pidió diferir la audiencia intermedia.

En la audiencia que se iba a llevar a cabo, tanto la defensa como la Fiscalía de Delitos Cometidos por los Servidores Públicos iban a exponer su teoría del caso, al mismo tiempo que anunciarían las pruebas que se presentarían en el juicio oral.

“Se difiere la presente audiencia para el próximo 9 de octubre a fin de que la defensa pueda reunir todas las pruebas que ha solicitado a las dependencias”, indicó la juez.

El asunto por el cual Casamata Gómez ha sido llevado a proceso se desprende de una auditoría realizada a la administración de Espín Navarrete, quien fue alcalde de Puente de Ixtla por primera ocasión en el trienio 2000-2003, en el que no logró comprobar el correcto uso de recursos por más de nueve millones de pesos, pero al extraviarse el expediente del caso, Espín Navarrete interpuso un amparo que ganó porque la justicia federal consideró que el asunto estaba prescrito, así que no se comprobó el uso que se le dieron a dichos recursos.