Ayer a las 13:00 horas estaba programada la audiencia intermedia, pero debido a que las partes aún están en negociaciones, solicitaron a la juez penal del Primer Distrito Judicial, Alejandra Trejo Reséndiz, aplazar la audiencia para el próximo 8 de septiembre.

Trascendió que la condena que planteó la Fiscalía a través del subprocurador Ricardo Flores Delgado es una pena de 75 años de prisión, tomando en cuenta que la Ley General Contra el Secuestro prevé como pena máxima 100 años; pero los abogados de los 12 detenidos pretenden que la dependencia les ofrezca 50 años, a cambio de declararse culpables y evitar así el desarrollo del juicio.

La jueza Alejandra Trejo sustituyó a su homólogo Tomás Mateo Morales (quien está de vacaciones) pero afirmó que es necesario que las partes culminen la negociación para saber si habrá o no juicio abreviado.

El secuestro del empresario de grúas fue cometido el pasado 6 de octubre; su liberación la efectuaron elementos de la Policía de Investigación Criminal, a través de un operativo en el municipio de Temixco, en el que uno de los presuntos plagiarios fue herido de un balazo, pero recuperó su salud días después.

Ayer no fue un día normal en el edificio que alberga las salas de juicios orales, pues la audiencia se desarrolló con un impresionante operativo en el que participaron por lo menos 20 custodios y elementos del Mando Único que estuvieron presentes en la Primer Sala para evitar una posible tentativa de fuga.

Las personas detenidas por el plagio del empresario son: Alejandra García Pineda, Alfonso García Alonso, Ángel García Jiménez, Ángel Alfonso Lias Bautista, Arturo Arellano Ocampo, Gerardo Gómez Hernández, Guadalupe Gómez Adame, Jesús Alejandro Gómez Hernández, José Manuel Villanueva Adame, Luis Arturo Solís Mendoza, Miguel Domínguez Ruiz, Óscar Gómez Hernández y Sergio Salazar Gómez.

El juicio abreviado es previsto por el nuevo sistema penal como salida alterna, pero su aprobación es una facultad del Ministerio Público, pero con la condición de que los imputados se declaren culpables y se comprometan a pagar el daño provocado. A cambio, se reduce la sentencia.

El pasado marzo, Elí Montejo declaró ante un juez sobre los hechos, a través de un mecanismo que se llama prueba anticipada, bajo el argumento que ya no radicaría en Morelos y no le era posible declarar en el juicio oral.

Narró que fue torturado por sus plagiarios, que le quemaron los pies utilizando para ello corriente eléctrica, pues los responsables insistían que tenía injertado en el cuerpo un chip que permitía su localización.

Finalmente, la Fiscalía se comprometió a ofrecer otra propuesta a la defensa, en el transcurso de la próxima semana, para determinar si ésta es o no aceptada por los procesados.