El pasado lunes por la tarde se desarrolló una primera audiencia, en la que el hombre se declaró inocente de los hechos que se le imputan, al insistir que si bien encabezó la manifestación de 800 personas, no es verdad que haya obligado al funcionario de primer nivel a acudir ante un notario público a firmar un compromiso para que los miembros del sindicato fueran recibidos por el gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu. "Él no fue obligado", dijo.

El pasado 1 de agosto cuatro mujeres, que dicen ser miembros del Sinatrec, iniciaron una huelga de hambre afuera de Palacio de Gobierno, con el propósito de exigir al mandatario estatal la inclusión de miembros de esa organización en la construcción de la autopista Siglo XXI, ubicada al oriente de Morelos.

Las mujeres fueron obligadas por miembros del Mando Único a retirarse del lugar y el pasado domingo el secretario del Trabajo y Conflictos del Sinatrec fue detenido por elementos de la Policía de Investigación Criminal, que ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de secuestro agravado contra Luis Alejos.

En la audiencia pasada la Fiscalía Especializada afirmó que el pasado 30 de julio, el hoy imputado junto con 800 personas aproximadamente asistieron a un evento encabezado por el gobernador en el municipio de Jonacatepec para exigir una audiencia.

Omar de Lassé Cañas fue comisionado, junto con otros funcionarios, a platicar con los inconformes, pero éstos no permitieron al agraviado y a su acompañante retirarse del lugar e incluso los amenazaron de muerte, pues Luis Alejos a gritos les dijo que si no tenían una solución los iban a matar y además aventarían sus cuerpos al canal de aguas negras que pasaba por el lugar.

Según la Fiscalía, con amenazas los funcionarios fueron obligados a acudir a una notaría pública en el municipio de Jonacatepec, obligándolos a firmar un documento en el que se comprometían a gestionar una audiencia con el gobernador Ramírez Garrido Abreu, para que éste les otorgara empleos en la construcción de la autopista.

“Le informo que esa no es la manera de hacer valer el derecho de audiencia y a pesar de que está implícito en la Constitución General de la República, este tiene que solicitarse de manera pacífica y no como se hizo”, dijo la fiscal, quien además refirió que la conducta encuadra en el artículo 140 del Código Penal, porque privó de su libertad a personas para conseguir un fin.

La defensa del imputado (integrada por miembros de un despacho del Distrito Federal) ha insistido que no se dan los elementos del secuestro y por ello pidieron la audiencia de vinculación a proceso para hoy, pues buscarán presentar pruebas que le permitan a su cliente obtener su libertad.

El abogado Alfonso Garduño Vázquez aclaró que en caso de que hoy miércoles su cliente quede vinculado a proceso, buscará revertir el fallo judicial a través de un recurso indirecto, pues insistió que de acuerdo a la declaración rendida por su cliente ante el juez, los funcionarios no fueron obligados a firmar el compromiso ante notario, como insiste la Fiscalía, ni tampoco hay una sola evidencia de que los dos funcionarios hayan sido amenazados de muerte.