A decir del coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bolaños Aguilar, el titular del Ejecutivo inició desde el año pasado un "problema personal" con Tallabs Ortega que derivó en el intento por destituirlo como consejero y ahora en detener su retiro por considerar que es oneroso y fuera de ley.

Sin embargo, el diputado local aseguró que el Congreso del estado, a través de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, actuó apegado a derecho y no existían elementos para hacer observaciones al decreto que aprueba la pensión, por lo que, adelantó, su coordinación ha iniciado un estudio a fondo de las observaciones hechas por el gobierno del estado para rebatirlas y lograr que la resolución de la Comisión del Trabajo y posteriormente del pleno se dé en el mismo sentido.

Por su parte, el diputado perredista Jordi Messeguer Gally informó que pedirá a la Comisión del Trabajo una copia del decreto pensionatorio de Antonio Tallabs Ortega para también estudiarlo y buscar el respaldo de sus compañeros de bancada y de otros grupos parlamentarios para rechazar la solicitud de pensión del ex consejero de la Judicatura.

"El veto abre el debate que en su momento no se abrió en la sesión ordinaria en que se aprobó porque estábamos muchos metidos en otros temas de trascendencia para el Congreso y pasó desapercibido el tema fundamental de una pensión de muy altos dividendos. Creo que es momento que se abra el debate porque la comisión emitirá su dictamen, pero finalmente quienes votaremos seremos las y los diputados", aseveró.

El legislador local dijo que en la sesión del 9 de julio se aprobó esta pensión, pero se hizo en paquete, con otras listas de trabajadores, lo que impidió que se votara en contra, pues se afectaría a otras personas.

"Los argumentos del Ejecutivo están bien sustentados y creemos que sí podemos impedir que este personaje se jubile con un salario tan alto."

No obstante, rechazó que se trate de un conflicto personal entre el Ejecutivo y Antonio Tallabs Ortega.

En el caso del ex presidente municipal Rogelio Sánchez Gatica, cuyo decreto de pensión fue detenida mediante una controversia constitucional por el Ayuntamiento de Cuernavaca ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Messeguer Gally dijo que será la justicia federal la que defina si se actuó apegado a la ley.