El juez David Ponce González, al otorgar la facilidad al imputado, consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) no tuvo soporte para acusar a los tres jóvenes por el delito de homicidio, tal y como lo pretendía hacer y solo logró acreditar los delitos contra el equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, pero solamente en contra de uno de los tres detenidos.

Alejandro López Laureano fue el único de los tres jóvenes estudiantes que fue vinculado a proceso por un delito que la ley considera como no grave, así que ayer en una audiencia su defensa solicitó la suspensión condicional.

El incendio, que según la autoridad fue iniciado por un descuido de uno de los jóvenes, se registró el pasado primero de marzo cuando arrojaron una colilla de cigarro a un montículo de hojarasca.

La Fiscalía adscrita a la Subprocuraduría Metropolitana manejó la teoría de que si no se hubiese arrojado la colilla, no hubiese iniciado la conflagración en la que perdieron la vida el regidor Miguel David Rodríguez Bello y el empleado de Protección Civil, Rafael Cortés Jiménez, además de que otros tres voluntarios resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado al pretender apagar el incendio.

Sin embargo, lo anterior no pudo ser sustentado por la Fiscalía, no obstante que presentó testigos que declararon en contra de Alejandro López Laureano y los hermanos Ángelo Carlos y Emmanuel López Jiménez, al señalar que fueron sorprendidos fumando un cigarrillo en una zona prohibida y lo anterior provocó el incendio.

Alejandro fue el único que quedó vinculado a proceso, pero gozaba de su libertad previo al pago de una fianza de mil pesos, pero ayer le fue otorgado otro beneficio más.

El juez Ponce González agregó que para no llevar a juicio al joven estudiante, es necesario que culmine sus estudios de preparatoria, que se prepare en las materias de inglés y computación, y que se abstenga de consumir drogas y bebidas embriagantes, además de que tendrá que acudir a la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca) cada dos meses.

Finalmente la defensa aceptó las condiciones que impuso el juzgador, pues ello significa que su cliente no tendrá antecedentes penales.