La defensa encabezada por el abogado penalista David Basabe Gómez, anunció el mismo día que su cliente fue vinculado a proceso y que interpondría el recurso para lograr, por lo menos, que se le cambie la medida cautelar, pues actualmente el ex funcionario se encuentra en prisión preventiva en el penal de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec.

El juez de Control determinó que la medida cautelar que debía aplicar al ex funcionario, era la prisión preventiva, al sostener que el delito de peculado por el que es acusado es grave, toda vez que el monto es de 173 millones 611 mil pesos.

La defensa, por su parte, ha declarado que su cliente fue vinculado a proceso porque hay “presiones políticas”; sin embargo, confió que podrá salir de prisión si ese asunto es revisado por los magistrados del TSJ.

Jaime de la Torre fungió como titular de Planeación y Finanzas del primero de febrero al 30 de septiembre de 2012, según señala un documento avalado por la actual administración perredista y que fue anexado al expediente.

La Fiscalía contra Delitos Cometidos por los Servidores Públicos aseguró tener evidencia que demuestra que el acusado desvió 71 millones de pesos, al pago de liquidaciones de los funcionarios que fueron despedidos al término de la administración pasada, y el resto lo dispuso para el pago de obra pública y gasto corriente.

Además, indicó que la información la tiene respaldada a través de oficios, que le han sido entregados por el gobierno actual y que servirán de prueba para demostrar el quebranto que el ex funcionario provocó, al no cumplir con el pago de las cuotas de más de ocho mil empleados del Poder Ejecutivo local.

“El quebranto o daño no solo fue al gobierno del estado, sino también a los trabajadores porque hay que recordar que el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado, es un órgano que funciona gracias a cuotas bipartitas (aportaciones, patrón y empleados), y esto le impidió tener una liquidez para trabajar de manera óptima”, indicó la fiscalía.

Para soportar la acusación, la fiscalía indicó que cuenta con oficios con copias certificadas que refieren que en su momento, el funcionario fue informado que tenía que pagar los 171 millones de pesos al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, pero hizo caso omiso a los mismos.

En la audiencia del pasado 14 de marzo la defensa no presentó pruebas de descargo, pero consideró que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) tampoco aportó suficientes indicios, por ello anunció el recurso de apelación con el propósito de echar abajo la vinculación a proceso, o en su defecto modificar la medida cautelar de su cliente.

“Nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de las decisiones de los jueces, pero nos parece que hay otro tipo de presiones, que no son estrictamente legales, es por ello que nos allegaremos de los recursos que nos proporcione la ley”, culminó el abogado defensor.

El Código Procesal Penal establece un término de tres días hábiles para presentar el recurso de impugnación y el mismo se vence hoy jueves, aunque la defensa anunció con anterioridad que interpondrá el recurso el día que venza el término.