Lo anterior, significa que la iniciativa de creación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos no podrá ser atendida con carácter de preferente, tal y como la impulsó el titular del Poder Ejecutivo, el pasado 1 de febrero.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, la diputada Lucía Meza Guzmán, informó que el Congreso del estado está impedido para analizar dicha iniciativa con carácter de preferente, es decir en un plazo de 40 días, debido a que la Constitución local no ha sido reformada para determinar la existencia de una Fiscalía del Estado.

La también coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) explicó que primero el Congreso del estado tendría que aprobar la iniciativa que impulsó el año pasado el Poder Ejecutivo para reformar la Constitución y de esta forma enviarla a los 33 ayuntamientos, para que a su vez el Constituyente Permanente se pronuncie al respecto. Situación que llevará un tiempo mayor a 40 días, tal y como lo marca el artículo 42 de la Constitución local, respecto a las iniciativas preferentes.

Aunque consideró que ambas iniciativas debían analizarse de forma paralela, refirió que no puede existir una Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, si la Constitución local no ha sido reformada para desaparecer a la PGJ.

"Yo creo que lo hicieron con la intención de que nosotros también nos apuráramos a sacarla, si no en 40, quizás si en 50 días, una vez que contesten los ayuntamientos", dijo la diputada perredista Lucía Meza, ante esto.

No obstante, garantizó que esta iniciativa será una prioridad para el Congreso del estado, a fin de que lo antes posible se apruebe la reforma a la Constitución local para que se cree la Fiscalía General del Estado y una vez consolidada, se cree su ley orgánica.

El mismo diputado panista Javier Bolaños Aguilar advirtió de esta situación, pues señaló que por mal asesoramiento al titular del Ejecutivo, éste presentó con carácter de preferente la iniciativa de la Ley Orgánica de la Fiscalía, cuando el Poder Legislativo está imposibilitado para analizar una ley reglamentaria de una dependencia que aún no existe.