Mientras tanto, el juicio que se inició ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en contra de este proceso de regularización, podría retrasarse más, luego de que los magistrados de la Segunda Sala se excusaron de llevar el caso.
David Gómez Basilio, magistrado suplente de la sala que preside Orlando Aguilar Lozano, también confirmó que inmediatamente de conocer la determinación del titular, también se excusó por tener intereses personales en el caso.
Por lo tanto, tendría que ser la tercera sala del TCA la que continúe el juicio, que podría retrasarse un tiempo mayor a lo esperado.
Sin embargo, concesionarios del transporte público con itinerario fijo manifestaron su preocupación porque (pese a la suspensión que ordenó el TCA al acuerdo publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el pasado 1 de enero) afirmaron que más de tres mil concesiones ya fueron otorgadas.
Para Enrique Ramos Zepeda, presidente de la Confederación de la Alianza de Transportistas, el incremento "desmedido" de taxis en la zona metropolitana sólo causará afectaciones al sector.
Refirió que incrementarán los problemas de movilidad en Cuernavaca y la zona conurbada y para los ruteros esto generará pérdidas, que obligarán a solicitar un aumento en la tarifa mínima del transporte colectivo.
Dijo que a pesar de la negativa de un grupo de transportistas, el proceso de regularización ya se llevó a cabo y sólo es cuestión de tiempo para que se note el aumento de unidades.
Piden deslinde de responsabilidades
Concesionarios de la Federación Auténtica del Transporte y de la agrupación Rutas Unidas pidieron que se inicie un proceso de deslinde de responsabilidades, en contra de los funcionarios que desobedecieron la suspensión provisional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y continuaron con la expedición de concesiones.
Al encabezar una movilización de transportistas por el centro histórico de Cuernavaca, Dagoberto Rivera Jaimes dijo que además de haber exigido ayer que no se permita a David Gómez Basilio, ex secretario de Movilidad y Transporte, intervenir en el juicio que promovieron, también pidieron a este órgano de justicia administrativa que se sancione a los funcionarios del Poder Ejecutivo que violentaron la suspensión y continuaron con el proceso.
A esta solicitud se sumó el diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Bolaños Aguilar, quien dijo que analizan el caso para proceder en contra de los secretarios de despacho que expidieron, de manera irregular, concesiones.
