Lo anterior, abundó, “es producto de un decreto publicado recientemente en la materia, en él se establece que los funcionarios, incluyendo a los de primer nivel, pueden acceder a este tipo de beneficios, cosa que se nos antoja desigual, si tomamos en cuenta que quienes nos pasamos toda la vida laborando en las instituciones gubernamentales, apenas sí se nos autorizan préstamos por unos 150 mil pesos”.

Manifestó que “cuando el tema fue presentado ante la junta de gobierno del instituto, personalmente me opuse por estimar que era incongruente; sin embargo, sufrí todo tipo de censuras y de malos comentarios de los miembros del consejo, que seguramente tienen compromisos o temor a ser sancionados”.

Y destacó que “también detectamos que en la Ley de Ingresos y Egresos 2014 se encuentra un rubro respecto a la asignación de unos 60 millones de pesos a favor del Instituto de Crédito, cosa que sería igualmente improcedente, porque esa instancia no puede recibir fondos del presupuesto estatal de manera directa, los recursos que maneja son producto de las cuotas de los derechohabientes”.

Ocampo Castrejón agregó, por otra parte, que “mientras se aprueban apoyos indebidos a servidores públicos de alto rango, a nosotros se nos sigue escamoteando peticiones como la de un recurso etiquetado en el presupuesto para el pago de bonos a los jubilados, no obstante que también está aprobado por decreto”, y luego indicó que en esta ocasión van por unos 10 millones de pesos a ejercer en el 2014, pero desde el gobierno se intenta siempre poner trabas para no cumplir con lo que es ya una prestación en vigencia desde el 2012, cuando por primera ocasión se asignaron siete millones para tal rubro, destacó la dirigente, que insistió en la necesidad de ayudar a quienes ya dejaron toda su vida laboral en las instituciones locales.