Así lo dio a conocer la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) Adriana Mujica Murías, quien expuso que a finales de noviembre, en el marco de los días de activismo por el “Día contra la violencia a las mujeres”, se habrá de dar a conocer un estudio sobre este fenómeno que calificó como alarmante.

Aseguró que sí se han detectado en Morelos redes de trata de personas, aunque destacó que los detalles y la persecución de las mismas es tarea de la Procuraduría de Justicia del Estado. “Efectivamente sí hay redes, sí hay una situación de vinculación como redes regionales, como las que se acostumbran en diferentes partes del país, donde tienen a las chicas que se llevan para asunto de trata de chicas que son de Morelos se las llevan al estado de Puebla, por decir, o a las de Guerrero y las de Puebla se las traen a Morelos, entonces este cruce es entre por lo menos tres o cuatro estados”.

Expuso que no se cuenta aún con un porcentaje específico, pero sostuvo que “sí ha habido un incremento significativo, especialmente en los últimos cinco años”.

Mujica Murías refirió que este problema se ha identificado de manera grave en la zona oriente, pero aseguró que la trata de personas se da en todo el territorio morelense.

Consideró que uno de los factores ha sido “la omisión de las anteriores autoridades, la permisibilidad de giros rojos donde justamente se lleva a cabo la trata de personas y la omisión en cuanto a la impunidad que hay de persecución de algunos delitos”.

Incluso habló de que en algunos municipios ha habido consentimiento de las autoridades, “y más allá de complicidad, incluso de funcionarios municipales básicamente”, y esto es debido a que los municipios son la primera autoridad que tendría que atender estos asuntos y “lanzan la responsabilidad al estado, como si ellos no existieran”.

Recordó que quienes emiten las licencias de funcionamiento de negocios con giro rojo son los ayuntamientos, y de ahí que consideró que se vuelve evidente que existe esta relación.

Puso como ejemplo la casa de citas de la colonia Cantarranas, donde los vecinos demandaron el cierre de ese lugar, ya que el Ayuntamiento habría eludido su responsabilidad.