“En especial, tenemos elementos para sostener que vía programas como el de verificación vehicular se hicieron negocios millonarios, empezando por la venta de concesiones en la materia, una sola empresa del Distrito Federal se quedó con 10 establecimientos haciendo a un lado a empresarios locales”.

Y agregó que “quien manejó el programa de verificentros venía de la capital, tenía conexión con empresas mayores del rubro y ello le permitió hasta fabricar sus propios equipos que utilizaban en los operativos de revisión de verificación, lo cual les dejó millones de pesos a algunos funcionarios de aquella dependencia.

Bueno, sostuvo, incluso el programa y el diseño de verificación para el estado es el inadecuado, porque solo se reprodujo el que se aplicó en el Distrito Federal y en aquella ciudad el 90 por ciento de las unidades automotrices es de modelo reciente, acá son de modelos más antiguos y por eso difícilmente se podía pasar la revisión en condiciones normales, todo tenía que hacerse mediante la cómoda “mochada”.

Pero a juicio del denunciante, “todo estaba perfectamente diseñado para jalar dinero, así que lo que menos les interesaba era adecuar los programas a nuestras condiciones, había perversidad en todo”.

Luego dijo que “de esas viejas estructuras, todavía los que se fueron dejaron a dos o tres piezas que siguen por lo menos informándoles todo lo que pasa hoy, entre ellas, Blanca Estela, que está en el área jurídica de lo que fue CEAMA”, por eso estimó que el Gobierno actual tendría que hacer una profunda revisión de estructuras y hasta de equipo humano para sacudir secuelas del sexenio anterior.

Manifestó que “por lo menos fueron 17 los centros de verificación que fueron negociados de última hora a razón de tres millones de pesos, independientemente de otros negocios, porque hasta empresarios se volvieron, ellos mismos se autorizaban los contratos de obra, porque crearon empresas expreso para eso.